SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0715/2013
Fecha: 03-Jun-2013
denegó
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 08/2013 de 7 de febrero, cursante de fs. 24 a 28, denegó la tutela solicitada, con relación a los demandados Bernardo Soria Cuevas y Ernesto Macuchapi Laguna, Jueces Técnicos del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, y concedió la tutela con relación a: Ignacio La Fuente Urdidinea, Juez Técnico Tercero y Rolando Soliz Plata, Juez Técnico Cuarto, ambos del Tribunal de Sentencia Penal, bajo los siguientes fundamentos: i) dentro de un proceso penal seguido contra el accionante, el Ministerio Público emitió resolución de acusación, en juicio oral y público se pronunció sentencia condenatoria contra el mismo; ii) Los Jueces Técnicos del Tribunal Segundo se pronunciaron a las excepciones e incidentes resolviendo las mismas de manera oportuna dentro del término y plazo determinado por ley, ello puede establecerse de los antecedentes y actuaciones procesales; iii) Ignacio La Fuente Urdidinea, Juez Técnico del Tribunal Tercero, no remitió informe a ese Tribunal pese a la notificación, ante dicha omisión aplicando la “SC 0038/2011-R de 7 de febrero”, y en base al informe oral del codemandado el Juez Técnico Cuarto, incurrió en una demora procesal injustificada, toda vez que no se puede pretender atribuir a la parte accionante actuaciones propias del Tribunal y del Oficial de Diligencias a través del control que ejerce el Presidente del mencionado Tribunal; y, iv) “…que el tribunal constitucional ha modulado la línea jurisprudencia de la acción de libertad ampliando la procedencia vinculada al pronto despacho en su componente relacionado a la libertad personal o de locomoción, (…) tribunal de garantías constitucionales establece que el pronto despacho ha sido vulnerado en su componente del debido proceso…” (sic).
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- III.2. Sobre el debido proceso y el procesamiento indebido
- referidas a procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme al señalar que la vía idónea para su impugnación es el amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales, el procesamiento indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión de los antes citados derechos
- la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, dado que mediante ésta no es posible analizar actos o decisiones demandados como ilegales que no guarden vinculación con los derechos citados.
- las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional
- para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad…'.
- se puede tutelar el debido proceso, siempre y cuando, los hechos denunciados como vulneratorios se encuentren ligados y conexos directamente con el derecho a la libertad y exista absoluto estado de indefensión,
- , la extinción de la acción penal interpuesta por el accionante antes del pronunciamiento de la sentencia condenatoria, no se encuentra directamente vinculado a la restricción o supresión al derecho a la libertad personal o de locomoción, correspondiendo en los casos no vinculados a la libertad como en el presente caso y en mérito a la amplia jurisprudencia constitucional, utilizar la acción de amparo constitucional.
- el rechazo a la solicitud de la extinción de la acción penal, se debe presentar la acción de amparo constitucional y no así habeas corpus -hoy acción de libertad-, porque es un aspecto que atañe al debido proceso, que no está vinculado directamente con el derecho a la libertad y no existe indefensión absoluta; razón por la cual este Tribunal no puede entrar a considerar el fondo de la presente problemática
- III.4. Audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva
- las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la frase
- III.5. Análisis del caso concreto
- denegado
- REVOCAR
- 2º CONCEDER en parte
- Partes:
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA
- Fragmento 27
- En los supuestos en que la libertad personal o de locomoción sean restringidas o amenazadas, como consecuencia de un procesamiento indebido; es decir, sin observar las reglas establecidas en la norma y, sin asegurar la vigencia de las garantías que permitan adoptar decisiones más justas a favor de los justiciables, la acción de libertad es la vía idónea para proteger el debido proceso, siempre y cuando tenga un nexo directo o se entienda como causal inmediata para la privación de la libertad
- la demora en la tramitación de la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso
- II.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 31