SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0892/2013

De acuerdo a la sistemática de la Constitución Política del Estado, el Título II del Libro Primero está destinado a la consagración de los derechos fundamentales y garantías; entendiéndose por tales a todos aquellos reconocidos en los diferentes capítulos del Título; sin embargo, existe un grupo de derechos que tienen una relevancia particular en nuestro texto constitucional, que se encuentran en el Capítulo Segundo, y son denominados derechos fundamentales.

Entre estos derechos se encuentran los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, el derecho al agua y a la alimentación, a la educación a la salud, a un hábitat y vivienda adecuada y a los servicios básicos. Este grupo de derechos; por tanto, bajo la estructura constitucional tiene la calidad de derechos “Fundamentales-Fundamentales”; doble fundamentalidad que responde tanto a la ubicación de los mismos en la Constitución Política del Estado, como a los contenidos que el constituyente le asignó, bajo el entendido que son los mínimos indispensables que permiten a las personas y colectividades a desarrollarse plenamente y ejercer los otros derechos previstos en la Ley Fundamental.

Esto no significa claro está, que la clasificación de los derechos que efectúa la Norma Suprema implique la superioridad o inferioridad de unos derechos sobre otros, pues, en el marco de lo previsto en el art. 13.III de la CPE, todos los derechos tienen una igualdad jerárquica en abstracto; lo que no le impide al juzgador, en el análisis de cada caso concreto, efectuar la ponderación de los derechos que eventualmente pueden encontrarse enfrentados y decantarse por la tutela de uno de ellos, a la luz de las circunstancias particulares de cada supuesto fáctico.

La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0348/2012 de 22 de junio, ha establecido que el derecho a la vivienda digna “…persigue la satisfacción de las necesidades que tienen las personas, puede entenderse como derivado de los derechos a la vida y a la dignidad, porque se trata de un lugar digno para vivir, y no simplemente de un techo para estar o para dormir; sino que es una condición esencial para la supervivencia y para llevar una vida segura, digna, autónoma e independiente; es un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la salud, el agua potable, servicios básicos, trabajo, etc.; de modo tal, que cuando se suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos. No obstante esa estrecha vinculación, no debe perderse de vista que a partir de su incorporación en la Constitución Política del Estado como derecho autónomo, es directamente justiciable, como los demás derechos fundamentales; y por lo tanto, es posible exigir su protección de manera franca, en aplicación a lo dispuesto por el art. 109.I del citado cuerpo normativo que señala: “Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”; en consecuencia, las vías o medidas de hecho asumidas al margen de la ley, destinadas a perturbar la vivienda de las personas, constituyen actos arbitrarios que merecen tutela inmediata a efectos de restablecer en forma eficaz los derechos conculcados…”.

Conforme a lo anotado, el derecho a la vivienda se constituye en un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, el agua potable, la electricidad, el trabajo y su supresión; por tanto, amenaza a los otros derechos con los cuales se encuentra estrechamente vinculado. Dado el carácter de dicho derecho, están proscritas las vías o medidas de hecho que perturben el ejercicio del derecho a la vivienda, así como los derechos a los servicios básicos de agua potable y electricidad, por lo que toda conducta que se encuadre en estos hechos se encuentra prohibida, y así lo ha entendido de manera reiterada la jurisprudencia constitucional en las SSCC 0382/2001-R, 0230/2006-R y 0750/2006-R; las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0323/2012, 1478/2012 y 0348/2012, entre muchas otras, última Sentencia que, recogiendo el razonamiento de la SC 0382/2001-R de 26 de abril, señaló: “...no le está permitido a ningún propietario de inmueble que, en su condición de locador o arrendador, disponga de todo o de una parte de dicho inmueble, en forma arbitraria y unilateral, ya que en caso de concurrir una causal de desalojo, deberá incoar la acción que prevén los arts. 623 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para obtener una decisión de autoridad jurisdiccional competente que ordene la desocupación de la vivienda, máxime si el derecho a la vivienda tiene como justificación última, la dignidad de la persona humana…”.

Efectivamente, debe recordarse que la concepción de “Estado de Derecho” o “Estado bajo el régimen de derecho”, cuya base ideológica es la de un gobierno de leyes y no de hombres, nace sepultando al modelo de “Estado bajo el régimen de la fuerza”, proscribiendo la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social, conteniendo; por tanto, el poder y garantizando, con ello, el respeto a la ley.

En efecto, el Estado de Derecho, en principio, tuvo una versión particular configurada como “Estado de derecho legislativo” o “Estado legal de Derecho”; concepción que reducía al modelo de Estado al imperio de la ley; es decir, en el que rige formalmente el principio de legalidad y, en ese entendido, todo Estado podría ser concebido como de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.