SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0947/2013-L

Por su parte la SCP 1907/2012 de 12 de octubre, en este mismo sentido manifestó: “Conforme a dicho entendimiento, quienes se encuentren bajo control jurisdiccional y se crean afectados en sus derechos a la libertad física y/o libertad de locomoción, podrán acudir ante el Juez cautelar a cargo de la etapa preparatoria, activando su reclamo directamente en la misma audiencia de consideración de medidas cautelares, o si prefiere, con anterioridad a ella, a objeto de obtener una resolución, previo a la determinación de su situación jurídica, exclusivamente con relación a la aprehensión supuestamente ilegal, autoridad que en ejercicio de la atribución conferida por los citados arts. 54 inc. 1) y 279 del CPP, deberá atender previamente a dicho reclamo mediante una resolución debidamente motivada; y, si pese a ello, los afectados consideran que no fueron reparados en sus derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, entonces corresponderá activar directamente la presente acción, como medio idóneo expedito para determinar la legalidad formal y material de la aprehensión.

Lo explicado precedentemente, se reitera, no implica que ni la autoridad jurisdiccional a tiempo de resolver el reclamo ni este Tribunal estén obligados a disponer la libertad de los imputados, en caso de detectar ilegalidades en la aprehensión, cuando los mismos modificaron su situación jurídica como consecuencia de la determinación asumida por el juez de instrucción en la audiencia de consideración de medidas cautelares, en la que pudieron imponer detención preventiva y otras medidas sustitutivas, ello en razón a que su privación de libertad ya no es consecuencia de la aprehensión, sino responde a otros motivos, como son, el establecimiento de las medidas cautelares pertinentes; lo que no excluye la posibilidad de establecer responsabilidades específicas para las autoridades que se apartaron de las normas jurídicas a tiempo de desempeñar sus funciones”.

De la referida jurisprudencia constitucional, se colige que para activarse la acción de libertad, en los casos relacionados al control de legalidad de una aprehensión, no es necesario, que previamente se presente recurso de apelación contra la resolución emitida por el Juez cautelar, en torno a dichas circunstancias; sin embargo, cabe aclarar, que tal razonamiento fue emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en razón a que toda vulneración de derechos emergentes de un mandamiento de aprehensión, en la etapa investigativa, debe ser denunciada al Juez cautelar, con anterioridad a que se resuelvan las medidas cautelares solicitadas, para que de esa forma, la autoridad judicial, en ejercicio de sus funciones, se pronuncie al respecto, antes de resolver el fondo de las medidas cautelares; y en caso de no subsanarse, ni corregirse aquellas irregularidades, relacionadas al control de legalidad de la aprehensión, recién podrá acudirse a la acción de libertad y sin necesidad de interponer recurso de apelación contra la determinación emitida por el Juez cautelar; ello en aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad y porque en el proceso penal, existen instancias idóneas a las que puede acudirse de manera inmediata, para el resguardo de sus derechos fundamentales, tal como sucede con el Juez de Instrucción en lo Penal”.