SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1031/2013-L

Solicita la tutela de la acción de libertad y se ordene: a) La tutela del derecho a la vida por encontrarse directamente vinculada con la libertad física, personal y el derecho de la locomoción, y por estar expresamente prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento, al no existir un control jurisdiccional; b) La restitución del derecho a la libertad para que el proceso penal se desarrolle en el marco del debido proceso y de la igualdad de oportunidades para las partes; c) La reparación de los defectos legales y que se respete el principio de celeridad; d) El cese de la persecución indebida, solicitando se impongan las sanciones correspondientes a las autoridades que resultaren culpables y causantes de ella; y, e) La remisión del caso al Juez competente de El Alto.

El accionante acude a la jurisdicción constitucional demandando, varios aspectos referidos a lo siguiente: a) Falta de control jurisdiccional en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y Enrique Wilfredo Ramos Chaparro contra Franz Guido Maldonado Guzmán y otros, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato; b) Reparación de defectos legales y cese de persecución indebida en el proceso referido, porque las actuaciones realizadas por los Jueces de Instrucción en lo Penal actuantes son nulas; y, c) Debe remitirse obrados al Juez competente, conforme la Resolución 31/2011 de 3 de marzo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.