SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1481/2013

           De donde se concluye que los servidores públicos, en el marco de la Constitución Política del Estado, se distinguen los servidores de carrera administrativa y aquellos elegidos por voto o libremente designados; es decir, los primeros son aquellos que ingresaron y permanecen en la administración pública mediante un proceso de institucionalización o conforme a las exigencias de la carrera administrativa. En cambio, los segundos son aquellos cuyas características precisó la citada SCP 1521/2012, elegidos mediante el voto popular para realizar ciertas labores de dirección y alta gestión institucional por cierto tiempo; los cargos de designación, son aquellos en los que existe un proceso de intermediación democrática, conforme refirió el citado fallo, siendo nombrados por quien fue elegido democráticamente y cuya naturaleza es la flexibilidad, debido al nivel ejecutivo estratégico en el cual fueron designados para la ejecución o cumplimiento de los fines y funciones del Estado en sus distintos niveles.

           Entonces, por regla general todo servidor público gozará de inamovilidad laboral siempre que no incurra en las causales establecidas en el DS 0012, constituyendo la excepción los servidores públicos elegidos por voto o libremente designados. En el caso de los libremente designados, habrá que observar el caso concreto, dado que podrán presentarse distintas características; empero, debe considerarse que se trata de niveles ejecutivo y operativo estratégicos para el cumplimiento o ejecución de las políticas públicas a desarrollarse.

           En el Fundamento Jurídico precedente se estableció que dentro del ámbito de protección de la inamovilidad laboral la protección que brinda el Estado a la mujer trabajadora embarazada y en la etapa posterior al parto, así como al progenitor, está directamente relacionada con el derecho al trabajo, reforzándose en ese particularísimo caso -por su vinculación directa con la salud y seguridad de la madre y del recién nacido o hijo o hija- con la estabilidad e inamovilidad de su fuente de trabajo, cuyo sustento se encuentra en los arts. 45.V y 48.VI, de la CPE. Es así que bajo la compresión que aun cuando se produzca la desvinculación laboral por incurrir en alguna causal prevista en la Ley General del Trabajo o Decreto Reglamentario, por la imposición de una sanción en debido proceso o se trate de servidores públicos elegidos por voto o libremente designados según se explicó -dentro de los niveles ejecutivo y operativo estratégicos-, claro dependiendo del caso concreto, no opera la inamovilidad laboral de ese servidor público, lo que no significa ni puede entenderse como privación a la mujer embarazada o al nuevo ser de los subsidios o prestaciones de la seguridad social.

           Dicho de otro modo, en el caso de los servidores públicos libremente designados, valga la reiteración, que comprende a quienes ocupan cargos de nivel ejecutivo u operativo estratégico en la institución y cuyo nombramiento responde a una naturaleza flexible por el dinamismo institucional y porque realizan labores de dirección y coordinación con las autoridades elegidas democráticamente, no resulta aplicable la inamovilidad laboral por tratarse de servidores que en función a libre potestad de la autoridad electa podrá ser removida de su cargo en cualquier momento precisamente por el dinamismo institucional y para el cumplimiento de los fines o funciones del Estado en sus distintos niveles. Empero, como se dijo líneas arriba, no significa ni conlleva la negación de parte del Estado respecto de la asistencia y protección durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. Al respecto, la SCP 0076/2012, precisó: “...el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior del niño, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados (art. 60 de la CPE). (…)