AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0003/2013-CDP-SL
Fecha: 27-Sep-2013
III.3. Aplicación al caso en análisis
En el caso de autos, se tiene que por Auto Interlocutorio 2/2012 de 3 de febrero, la Jueza de garantías dispuso el pago por concepto de sueldos y derechos laborales a favor de Tomás Rojas Sánchez, por parte del Ejecutivo Seccional de Desarrollo del Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño-Yacuiba, en la suma de Bs83 133,56.-, correspondientes a los gastos efectuados para el resarcimiento de sus derechos, realizado en base al criterio de pérdida o disminución patrimonial sufrida por el accionante. Por otra parte, el referido Auto calificó por concepto de daños y perjuicios a ser pagados por Marcial Rengifo Zeballos, actual Ejecutivo Seccional de Desarrollo del Gobierno Autónomo Regional del Chaco Tarijeño-Yacuiba, la suma de Bs643 60.-, lo que fue objeto de apelación, en el entendido, de que los gastos efectuados por Tomás Rojas Sánchez, en pasajes desde Yacuiba hasta Sucre calculados en Bs480.- (cuatrocientos ochenta bolivianos), no podían ser considerados como daños y perjuicios, ya que los mismos no eran necesarios, y por otro lado, la SC 0387/2011-R, en ninguna de sus partes le impuso el pago de costas procesales que para el presente caso fueron calculadas indebidamente en Bs163,60.- (ciento sesenta y tres 060/100 bolivianos).
Del análisis jurídico referido a la calificación de daños y perjuicios ocasionados, se tiene que la norma prevista en el art. 57.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone un mandato facultativo que señala: “La resolución que conceda el amparo ordenará la restitución de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados con restringir o suprimir, y podrá establecer indicios de responsabilidad civil o penal de la accionada o accionado, de conformidad a lo establecido en el art. 39 del presente Código”.
- Margoth García de Chavarría, Jueza Técnica del Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Yacuiba del departamento de Tarija
- I.1.
- I.2.
- I.3.
- I.4.
- I.5.
- II. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- I.3. Consideraciones de Sala
- el Tribunal sin considerar pretensiones de pago de daño emergente y lucro cesante, sólo deberá someter la demanda de calificación de daños y perjuicios a los siguientes criterios: 1) La pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra; y, 2) Los gastos que la parte recurrente ha tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado, pues así lo ha asumido este Tribunal en firme y uniforme línea jurisprudencial…'.
- el daño civil en materia constitucional, no puede determinarse sobre el contenido del art. 994 del Código Civil (CC), es decir, el daño emergente y el lucro cesante, considerando que estos necesariamente requieren verificación dentro un proceso controversial en la vía ordinaria civil, en la que las partes -en igualdad de condiciones-, hagan valer sus pretensiones; actuar en contrario, implica omitir la finalidad de la acción tutelar -otorgar una tutela inmediata, efectiva e idónea, restableciendo o restituyendo el derecho restringido o suprimido- no es el resarcimiento de daños civiles; y, el carácter sumarísimo del procedimiento constitucional previsto para la acción de amparo constitucional
- los daños y perjuicios deben ser calificados según los hechos que acreditan las partes; o sea el procedimiento de calificación es de hecho, y debe ser realizada por el juez o tribunal que conoció la acción de amparo constitucional.
- 1) la pérdida o disminución patrimonial que haya sufrido la parte damnificada como consecuencia del acto ilegal cometido en su contra; y, 2) los gastos que el recurrente haya tenido que efectuar para lograr la reposición del derecho conculcado”,
- si el tribunal de amparo o este Tribunal en revisión concluyen que existió una lesión a los derechos y garantías citados, su objetivo inmediato es ordenar cese la amenaza, la restricción o supresión y; accesoriamente se podrá determinar la responsabilidad civil porque así lo instituyó el legislador en la Ley del Tribunal Constitucional, esto porque en un criterio jurídico y razonable la lesión denunciada y demostrada siempre ocasionará una pérdida patrimonial y otros gastos, los cuales deben ser demandados expresamente por la parte recurrente', razonamiento que nos lleva a la conclusión de que cuando se conceda la acción de amparo constitucional por vulneración de derechos fundamentales, -en el caso de autos- por suspensión ilegal del cargo, los daños y perjuicios deben abarcar el pago de los sueldos o salarios y dietas devengadas, más los honorarios del abogado patrocinante de la parte accionante y las costas procesales
- i)
- III.3. Aplicación al caso en análisis
- a)
- calificación de daños y perjuicios
- APROBAR en parte