SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0028/2014

De otro lado, a partir de una adecuada interpretación de las normas constitucionales y convencionales, el Tribunal Constitucional, en su SC 0160/2010-R de 17 de mayo, ha expresado que: “El debido proceso, está reconocido constitucionalmente como derecho y garantía jurisdiccional a la vez, por los arts. 115. II y 117.I de la Constitución Política del Estado vigente (CPE) (…), y como derecho humano por los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ya fue desarrollado y entendido por este Tribunal como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, así como los Convenios y Tratados Internacionales” (las negrillas son nuestras).

Uno de los elementos del debido proceso es el derecho a la defensa, que, según la doctrina, es la oportunidad que tiene todo ser humano de manera universal para desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra afirmando su inocencia ante cualquier situación que le asigna el matiz de una supuesta culpabilidad. Este derecho es predicable en tanto en el ámbito judicial como administrativo, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento. La finalidad de este derecho es asegurar la efectiva realización de los principios procesales de contradicción y de igualdad, principios que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes, e impedir que las limitaciones de alguna de los litigantes pueda desembocar en una situación de indefensión prohibida por la Constitución.

La SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, ha definido al derecho a la defensa como “… el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio…”.

Vinculado al derecho a la defensa, y también como elemento del debido proceso, se encuentra el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada, que se encuentra expresamente previsto por el art. 8.2 inc. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por el art. 14.3 inc. a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad de conformidad al art. 410 de la CPE.

Este derecho consiste en la facultad que tiene toda persona detenida, sospechosa o encausada por la participación en un ilícito a que se le informe de manera amplia y detallada los hechos presuntamente ilegales en los que habría incurrido y le son incriminados, imputados o acusados; y el mismo, debe ser ejercido tanto en la vía judicial como en la administrativa. Su activación exige un conocimiento completo del tema debatido, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa de la parte acusada. Es en razón de esto que el inculpado tiene el derecho a conocer oportunamente el alcance y contenido de la acusación; ya que, de lo contrario, seria colocado en un estado de indefensión; toda vez que, no tendría oportunidad alguna de preparar y ejercer plenamente su derecho a la defensa.

Este derecho, de acuerdo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, citado en la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia de 7 de septiembre de 2004 (caso Tibi vs. Ecuador), “… exige que la información se proporcione de la manera descrita tan pronto como una autoridad competente formule la acusación. En opinión del Comité, este derecho debe surgir cuando, en el curso de una investigación, un tribunal o una autoridad del Ministerio Público decida adoptar medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe públicamente como tal. Las exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] pueden satisfacerse formulando la acusación ya sea verbalmente o por escrito, siempre que en la información se indique tanto la ley como los supuestos hechos en que se basa”.

Asimismo, la jurisprudencia establecida en citada Sentencia, sobre el referido derecho expresa que: “El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la realización del proceso. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a preparar debidamente su defensa”.