SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0181/2014

Respecto al plazo establecido para entenderse y aplicarse el silencio administrativo negativo, así como a la petición de reconsideración, la jurisprudencia constitucional instituyó que: “…el silencio administrativo negativo, está expresamente regulado no sólo en la Ley de Municipalidades, sino también, en la Ley de Procedimiento Administrativo y su decreto reglamentario; sin embargo la Ley de Municipalidades no establece expresamente el plazo dentro del cual debe pronunciarse el Concejo Municipal. En tal sentido, con la finalidad de establecer los plazos que se deben aplicar para computar el silencio administrativo negativo en el supuesto de la solicitud de reconsideración disciplinada por el art. 22 de la LM se debe entender que al ser las resoluciones municipales, actos administrativos idóneos para resolver la reconsideración planteada, cuya falta de respuesta implica el 'silencio administrativo negativo', en aplicación supletoria del art. 71.I.g) del Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003, reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo, se debe entender que el plazo para que el concejo se pronuncie sobre una solicitud de reconsideración es de veinte días, tal como señala taxativamente la citada disposición legal, cuando refiere que las decisiones sobre cuestiones de fondo, deben ser resueltas en el plazo de veinte días cuando no exista un plazo expresamente señalado” (las negrillas son nuestras), así lo entendió la SC 1552/2010 de 11 de octubre, misma que es citada en la SCP 1579/2012 de 24 de septiembre.

Por lo expuesto, una vez interpuesta la reconsideración en el art. 22 de la LM, el Concejo Municipal tiene un plazo de veinte días para resolver esta petición, vencido este plazo, se opera el silencio administrativo negativo, por lo tanto, al no existir otra instancia de decisión, la petición es considerada por rechazada, quedando por agotada la vía administrativa municipal.