SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0071/2014-S2

Sobre la temática la SCP 4057/2014 de 9 de junio, precisó: “La jurisprudencia constitucional, refiriéndose a la legalidad ordinaria y al deber del accionante de precisar la forma en la que los hechos alegados habrían lesionado sus derechos fundamentales y las reglas de aplicación hubiesen sido obviadas por las autoridades demandadas, este Tribunal de acuerdo a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1408/2013 y 0659/2012, recogiendo precedentes establecidos anteriormente a través de la SSCC 0188/2010-R y 1362/2010-R, establecieron que: 'En autos, la recurrente no señala los fundamentos jurídicos precedentes que posibiliten que la jurisdicción constitucional pueda ingresar a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por los jueces y tribunales de la jurisdicción común, en su recurso de amparo, se limita a formular una relación de los hechos, cita de normas y expresar su propia conclusión respecto a la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por las autoridades judiciales de instancia, sin identificar con precisión qué criterios o principios interpretativos no fueron asumidos o resultaron desconocidos por las autoridades judiciales demandadas a momento de compulsar y resolver el caso.

Consecuentemente, en el presente caso no se activa el amparo constitucional, toda vez que la accionante no precisó la forma o manera en la que los hechos alegados habrían lesionado sus derechos fundamentales invocados, ni indicado concretamente qué reglas de interpretación fueron lesionadas, careciendo el recurso de contenido jurídico-constitucional, pretendiendo más bien, frente a determinaciones judiciales que le son adversas, utilizar esta acción tutelar como una instancia procesal adicional, lo cual resulta totalmente ajeno a su naturaleza jurídica. Al respecto, conviene rescatar lo señalado por la jurisprudencia constitucional en varios de sus fallos, en cuanto a que el amparo constitucional, no constituye una instancia adicional o de casación para quien resulte perdidoso en una contienda judicial agotada en todas sus instancias”'.

Por su parte, la SCP 0733/2014 de 15 de abril, precisó: “Con relación a la interpretación de legalidad ordinaria, la jurisprudencia constitucional, ha establecido como regla general la imposibilidad de que este Tribunal, deba realizar la interpretación de la legalidad ordinaria, la misma que corresponde a los jueces y tribunales ordinarios; a ese efecto, la jurisprudencia ha desarrollado la teoría del 'selfrestraint', que delimita ámbitos entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria.

En este entendido, la SCP 0291/2012 de 8 de junio, con relación a lo señalado precedentemente y a los requisitos que debe cumplir la parte accionante, a objeto de solicitar la interpretación de legalidad, siguiendo el entendimiento de la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1970/2010-R de 25 de octubre, ha señalado: '(…) En ese sentido, para que la jurisdicción constitucional ingrese al análisis de la interpretación de la legalidad ordinaria, efectuada por los jueces y tribunales, la SC 1970/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: «La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesinas se ejerce por sus propias autoridades»; no obstante, también en coherencia con una de las finalidades del Tribunal Constitucional, que es el respeto y protección a los derechos fundamentales, de manera excepcional y si es que en dicha labor o competencia exclusiva de interpretación se han lesionado derechos fundamentales, se abre la tutela o protección que brindan las acciones de defensa, claro está sujeta a requisitos o exigencias desarrolladas jurisprudencialmente también por este Tribunal; los cuales son:

1) Exponer de manera adecuada, precisa y debidamente fundamentada, los criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación de la norma al caso concreto; es decir, por qué le resulta «insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo».

3) Qué derechos fundamentales han sido lesionados con dicha interpretación que considera arbitraria y a los resultados que hubiese arribado con la interpretación que indica es la correcta, «estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional» (SC 0854/2010-R de 10 de agosto)'.

En este entendido, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada, excepcionalmente la justicia constitucional puede verificar si en la labor interpretativa de legalidad ordinaria, la jurisdicción ordinaria a quebrantado principios como el de la legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso, principios a los que se hallan vinculados todos los operadores de justicia; empero, sujeto a exigencias o requisitos, como la exposición clara y fundamentada de criterios interpretativos que no fueron cumplidos o desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación o exposición de principios fundamentales o valores supremos, no tomados en cuenta en la interpretación y el establecimiento de derechos fundamentales que hubiesen sido lesionados, y los resultados a los que hubiese arribado con la interpretación señalada como la correcta”.