SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2014-S3

El derecho a la estabilidad laboral, consagrado por el art. 46.I.2 de la CPE, prohíbe toda forma de despido injustificado y de acoso laboral, toda vez que, nuestra economía jurídica en materia laboral, busca que el trabajador para su seguridad, tranquilidad y el bienestar integro de su familia, pueda conservar su fuente de empleo.

Constituye así para el Estado, una obligación y responsabilidad, generar políticas que aseguren dicha estabilidad laboral, por lo que el 1 de mayo de 2010, se promulgó el Decreto Supremo 0495, que conjuntamente la Resolución Ministerial 868/2010 de 26 de octubre, regulan un procedimiento que deben observar las Jefaturas Departamentales de Trabajo, cuando asuman el conocimiento de retiros o despidos injustificados y tras verificar la certeza de tales extremos, mediante conminatoria ordenar la reincorporación del trabajador al mismo puesto que ocupaba (Artículo Único del Decreto Supremo 0495).”

El mismo Decreto Supremo -0495-, a tiempo de incluir el parágrafo IV en el art. 10 del Decreto Supremo 28699 de 1 de mayo de 2006, establece la naturaleza de la referida conminatoria, al señalar: “La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución”, por lo que la decisión de la autoridad administrativa laboral, es de cumplimiento obligatorio para el empleador, al constituir una disposición laboral, amparada por normativa constitucional (el subrayado es nuestro).

Dicho contexto normativo, reviste carácter de cumplimiento obligatorio, a las conminatorias de reincorporación laboral; sin embargo, se han presentado casos, en que los empleadores hicieron caso omiso a tal orden, alegando una serie de causales, que no pueden ser consideradas como justificativos válidos, a la luz de la protección que otorga nuestra Norma Suprema. Es así que, frente a tales omisiones, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, poniendo énfasis a la vigencia plena del principio protector y de la estabilidad laboral, desarrollo un razonamiento jurisprudencial, destinado a hacer efectivo el cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, señalando lo siguiente: