SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0119/2014-S3

El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE), instituye la acción de libertad como una acción de defensa oportuna y eficaz, destinada al resguardo y protección de los derechos a la vida y la libertad personal, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal.

Con relación al procesamiento ilegal o indebido, estableció que este podría ser analizado a través del habeas corpus -ahora acción de libertad- únicamente cuando se demuestre que dicho procesamiento ilegal o indebido constituya la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad; y que además, hubiese existido absoluto estado de indefensión.

'(...) la SC 1668/2004-R, de 14 de octubre, expresó que a través de este recurso no se pueden examinar "actos o decisiones del recurrido que no estén vinculados a los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción, como tampoco supuestas irregularidades que impliquen procesamiento indebido que no hubieran sido reclamadas oportunamente ante la autoridad judicial competente, pues si bien este recurso no es subsidiario, no puede ser utilizado para salvar la negligencia de la parte recurrente'.

Conforme al orden constitucional y la jurisprudencia glosada, el procesamiento ilegal al que hace referencia la norma fundamental del país en su art. 18 de la CPE, no es comprensivo de la garantía del debido proceso, pues ésta encuentra protección en el art. 19 de la CPE, sino de aquel procesamiento ilegal, es decir sin respaldo alguno en el ordenamiento jurídico, que opera como causa para la privación de la libertad. Esto con la finalidad de evitar que a través de un procedimiento arbitrario, se imponga una sanción o condena penal”.