SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0355/2014

El art. 45 y ss., del Estatuto del Funcionario Público (EFP), así como su Reglamento respectivo (DS 25749 de 24 de abril de 2000), establecen el régimen de derechos laborales aplicables a servidoras y servidores públicos, con disposiciones relativas a jornada laboral, horario de trabajo, permisos, licencias, vacaciones y remuneraciones, aguinaldo entre otros.

Para que sean efectivos los elementos del derecho al trabajo de los servidores públicos, el art. 52 del EFP, señaló: “El Órgano Rector del Sistema de Administración de Personal, propondrá al Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la publicación de esta Ley, para su vigencia mediante Decreto Supremo, las normas reglamentarias referidas al Régimen Laboral previsto en el presente Título”.

En ese sentido, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, dictó a través de la Resolución Ministerial (RM) 014/10 de 18 de enero de 2010, el Reglamento de Impugnación al Régimen Laboral de las Servidoras y Servidores Públicos, que tiene la finalidad de establecer el procedimiento administrativo que regula el conocimiento, sustanciación y resolución del proceso de impugnación al régimen laboral mencionado en el Estatuto del Funcionario Público. Esta norma legal indica que el procedimiento de impugnación por incumplimiento del régimen laboral, el mismo procesalmente está contenido por dos recursos el de revocatoria y el jerárquico; asimismo, el art. 34 del mencionado reglamento, determina los presupuestos en los que queda agotada la vía administrativa impugnatoria con relación a los derechos de los servidores públicos por vulneración de sus derechos laborales.

En material municipal, de acuerdo al art. 1 de la Ley 2104 de 21 de junio de 2000, que modifica el art. 3.III del EPF, señala que las carreras administrativas en los Gobiernos Municipales se regularan por su legislación especial aplicable en el marco instaurado del indicado Estatuto, concordante con el art. 3.I inc. a) del Anexo al DS 26740; la Carrera Administrativa Municipal en el art. 61 y ss. de la Ley de Municipalidades (LM).

Por su parte, el art. 7 del DS 26319 de 15 de septiembre de 2001, indica: “Carrera Administrativa con Legislación Especial. I. Los funcionarios de las carreras con Legislación Especial, en aplicación de lo establecido en el Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos, no se encuentran sometidos a la jurisdicción de la Superintendencia. II. Las autoridades legales establecidas en su legislación especial aplicable, serán las competentes para resolver los recursos administrativos de revocatoria y jerárquico, derivados de procesos disciplinarios o emergentes de controversias sobre ingreso, promoción y retiro de sus carreras administrativas”.

La jurisprudencia constitucional, al respecto mencionó: “…el escenario de regulación de los derechos de las servidoras y servidores municipales es el escenario municipal y no así el central, ello no obedece simplemente a la sistematización de las normas glosadas en la jurisprudencia referida sino como se dijo a la reconfiguración filosófica misma del Estado, pues resulta lógico y proporcional que los derechos de los funcionarios municipales sean regulados a nivel municipal, pues la autonomía lejos de ser un discurso de organización administrativo es una realidad palpable que implica la existencia de deberes concretos de las autoridades autonómicas, entre ellos de crear normativa en el marco de sus competencias de acuerdo al art. 7 inc. 9) de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), que señala como fines de los gobiernos autónomos: “Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley”. En ese orden de cosas el Gobierno Autónomo Municipal tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio.

Conforme al fin señalado, y ejerciendo la autonomía municipal, que consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Autónomo Municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y las competencias establecidas por la Constitución y la ley, así cada Autonomía Municipal tiene la potestad de dictar normas y resoluciones, determinando sus políticas y estrategias municipales, la programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social; como también la potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de sus disposiciones. El art. 3 del EFP, establece un régimen especial de carrera administrativa en los Gobiernos Municipales, por lo que de conformidad al art. 61 de la LM, se establece la carrera administrativa municipal; sin embargo, hasta la fecha como informa el Director General del Servicio Civil del Ministerio del Trabajo, ningún Gobierno Autónomo Municipal en Bolivia ha implementado la carrera administrativa municipal…”, así lo entendió la SCP 2570/2012 de 21 de diciembre.

De toda la normativa legal y de la jurisprudencia constitucional mencionada, se establece que los recursos de revocatoria y jerárquico, emergentes de procesos administrativos derivados de controversias sobre ingreso, promoción y retiro de las carreras administrativas municipales, tendrán conocimiento de las mismas, las autoridades legales igualmente del municipio conforme a su legislación especial aplicable.