SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0359/2014

El 1 de junio de 2013, fueron avasallados por un número indeterminado de personas, quienes ingresaron de manera violenta a sus diferentes lotes de terrenos ubicados en el radio urbano de Riberalta del departamento de Beni, sin importarles si éstos eran bienes públicos o privados, armados de palos, machetes, palas e instrumentos punzo cortantes, argumentando su accionar en una supuesta ordenanza municipal donde el ejecutivo municipal les facultaba avasallar los lotes que se encontraban deshabitados, hecho que posteriormente y por diferentes medios de comunicación social fue desmentida por la autoridad edilicia.

Ante esta situación, los ahora accionantes intentaron disuadir a los avasalladores o loteadores a que desocupen sus terrenos, recibiendo como respuesta, agresiones verbales y físicas; siendo así, que fueron amenazados de muerte y sacados a empujones de sus terrenos. Asimismo, señalaron que este tipo de acontecimientos “delincuenciales”, hostiles, ilegales, violentos y arbitrarios, sucedieron en diferentes barrios y urbanizaciones como el caso de: El Cerrito, Las Palmeras, Los Tajibos, Villa Fabiola, Pamahuya entre otros.

De la documental que se acompaña se evidencia que los accionantes son los legítimos propietarios de los treinta y cuatro lotes que se encuentran ubicados en la Urbanización de: Villa Fabiola, San Francisco, Pamahuya, Cristo Rey, Las Palmas, El Carmen, El Torito y Los Tajibos, respectivamente, todos inscritos en oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) bajo los siguientes folios reales: 8.02.1.01.0010034 de 20 de noviembre de 2002, con una superficie de 1.000,00 m²; 8.02.1.01.0000465 de 19 de enero de 2007, con una superficie de 10.000,00 m²; 8.02.1.01.0002260 de 22 de febrero de 2008, con una superficie de 700,00 m² 8.02.1.01.0002877 de 23 de junio, con una superficie de 10.000 m²; 8.02.1.01.0003485 de 15 de octubre de ambos de igual año, con una superficie de 1.000 m²; 8.02.1.01.0004786 de 13 de agosto de 2009, con una superficie de 1.250,00 m²; 8.02.1.01.00064013 de 9 de marzo, con una superficie de 6.666,00 m²; 8.02.1.01.0004899 de 11 de septiembre, con una superficie de 1.000,00 m²; 8.02.1.01.0004898 de 11 de septiembre, con una superficie de 980 m²; 8.02.1.01.0005068 de 3 de noviembre, con una superficie de 750 m²; 8.02.1.01.0004897 de 11 de septiembre del indicado año, con una superficie de 1.000,00 m²; 8.02.1.01.0006313 con una superficie de 1.500 m²; 8.02.1.01.0005933 de 24 de junio de 2010, con una superficie de 281,25 m²; 8.02.1.01.0006181 de 25 de agosto, con una superficie de 1.250 m²; 8.02.1.01.0005589 de 12 de abril de igual año, con una superficie de 1.200.963,00 m²; 8.02.1.01.0005769, con una superficie de 500 m²; 8.02.1.01.0005772 con una superficie de 500 m²; 8.02.1.01.0005777 con una superficie de 800 m²; 8.02.1.01.0005770 con una superficie de 400 m²; 8.02.1.01.0005768 con una superficie de 800 m²; 8.02.1.01.0005779 con una superficie de 1.080,00 m²; 8.02.1.01.0005771 580 m²; 8.02.1.01.0005767 de 14 de mayo de 2010 con una superficie de 800 m²; 8.02.1.01.0005765 con una superficie de 800 m²; 8.02.1.01.0005760 con una superficie de 800 m²; 8.02.1.01.0005763 con una superficie de 600 m²; 8.02.1.01.0005778 con una superficie de 600 m²; 8.02.1.01.0005775 todos de 14 de mayo de 2010, con una superficie de 1080 m²; y, 8.02.1.01.0006926 con una superficie de 1.000,00 m²; 8.02.1.01.0000371 de 6 de mayo de 2011, con una superficie de 30,000.00 m²; 8.02.1.01.0007922 de 13 de agosto de 2012, con una superficie de 5.000 m²; 8.02.1.01.0008945 de igual mes y año, con una superficie de 5.000 m²; 8.02.1.01.0007200 de 3 de enero de 2013 con una superficie de 375.00 m² y 8.02.1.01.0010135 de 25 de junio del citado año, con una superficie de 400,00 m² respectivamente.

Añaden también, que desde la fecha de eyección de sus predios, los avasalladores persisten en efectuar actos materiales para consolidar el avasallamiento y el despojo sufrido (construcción de casas precarias, etc.). Por todo ello, es que decidieron acudir a la presente acción de amparo constitucional a fin de hacer valer sus derechos vulnerados por las situaciones de hecho sufridas tal cual fueron mencionadas anteriormente.