SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0381/2014
Fecha: 21-Feb-2014
denegando
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución de 16 de septiembre de 2013, cursante de fs. 195 a 200 denegando la tutela solicitada bajo los siguientes argumentos: a) José Osvaldo Guamán Soira, acudió ante el ex Juez codemandado, con la pretensión de que los deudores cumplan con la obligación de pagar la suma adeudada de $us4 000.- más intereses, no con la pretensión de que se revise el fallo ejecutoriado dictado en el proceso ejecutivo precedente al proceso sumario, dentro el marco legal previsto por los arts. 327 del CPC, art. 177.1) de la LOJ vigente en ese entonces, la circular 06 de 6 de abril de 2004, emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia ahora Tribunal Supremo de Justicia y en previsión los arts. 291, 409, 519, 907, 908, 1425 y 1470 del Código Civil (CC), sin una vinculación en absoluto con el proceso ejecutivo anterior, delimitando el objeto del proceso desde el enfoque de la demanda; b) Dentro de dicho proceso sumario, la parte demandada ejerció todos sus derechos en forma amplia e irrestricta, fue citada, opuso excepciones, respondió, ofreció y produjo prueba, ejerció su derecho a la impugnación, apelando la Sentencia y recurriendo de casación contra el Auto de Vista, conforme consta de la prueba presentada por la parte accionante; c) En función del derecho a la acción y al principio dispositivo, el acreedor decidió ejercer dicho derecho, expresando su pretensión en una demanda sumaria de conocimiento del Juez de Instrucción en lo Civil de turno, autoridad con plena competencia para la sustanciación de dicho proceso, sin que exista vinculación alguna con un anterior proceso ejecutivo, lo que demuestra que se ha renunciado tácitamente a la facultad discrecional u optativa de activar la vía ordinaria; por consiguiente, no existe vulneración de derechos alegados por los accionantes; por cuanto los mismos fueron ejercidos activamente dentro del debido proceso sumario instaurado en su contra por José Osvaldo Guamán Soria d) No obstante de haber reconocido la deuda a favor de José Osvaldo Guamán Soria, no es razonable, pretender que este acuda obligatoriamente y fuera del marco legal previsto por el art. 28.I de la LAPCAF al proceso más gravoso, cuando tiene a su alcance otra vía legal expedita, con plazos más reducidos, por lo que al haber rechazado dicha intención alejada del marco legal del art. 28.I del citado código, tanto en primera instancia como en la fase de impugnación, ninguna de las autoridades jurisdiccionales vulneraron derecho alguno al no existir vicio de nulidad absoluto que corregir dentro del proceso sumario referido; e) Las autoridades jurisdiccionales demandadas que no intervienen en el proceso, no cuentan con legitimación pasiva al no reunirse en ellas la condición de autoridades que realizaron algún acto vulneratorio.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- i)
- 1)
- a)
- denegando
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- Fragmento 16
- II.8.
- III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica
- asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.
- No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad,
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente
- Fragmento 22
- constituyendo sus elementos la intervención de un juez independiente, competente e imparcial, el emplazamiento válido, el derecho a ser oído, a poder probar lo alegado, a la fundamentación de los fallos, al control constitucional del proceso y la doble instancia
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida
- que toda resolución necesariamente debe estar motivada y fundamentada, respetando además el principio de congruencia que se constituye en componente de la garantía del debido proceso y exige plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución
- Fragmento 28
- Fragmento 29
- Fragmento 30
- II.3. De la declaratoria de improcedencia del recurso de casación por incumplimiento de requisitos formales
- citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.
- Así, se tiene que el art. 258.2), contiene dos supuestos concretos que merecen ser analizados: Con relación a que se deberá citar en términos claros, concretos y precisos la sentencia o auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, no cabe la menor duda de que esta constituye en una exigencia absolutamente de orden formal y que bien puede ser suplida por la mención de la resolución de la cual se está recurriendo, pues resultaría un exceso la aplicación literal de dicha norma ignorándose la teleología de la misma que es la identificación del acto jurisdiccional impugnado debido a que ello infringiría el derecho de acceso a la justicia y la garantías del debido proceso en su elemento de la doble instancia que debe regirse por el principio pro actione que «…tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados
- Con relación a la exigencia de citar en términos claros, concretos y precisos, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos; se deduce que éste constituye en un requisito de contenido pues delimita la competencia del tribunal casacional el cual deberá resolver sobre los puntos contenidos en el recurso de casación; por lo que, así fuese un recurso de casación en el fondo, en la forma o ambos, debe contemplar: i) La ley o las leyes que se consideran fueron violadas, aplicadas falsa o erróneamente; y, ii) Especificar en qué consiste la violación, falsedad o error
- pretender ahondar las exigencias antes mencionadas, resulta un exceso que desconocería el propio precepto legal antes mencionado, y claro está, implicaría la restricción al acceso a la justicia y el derecho a la impugnación (art. 180 de la CPE), se vería afectado y limitado por un rigorismo exagerado promovido por el requerimiento de requisitos de contenido que no están contemplados en la norma.
- toda resolución que declare la improcedencia del recurso de casación, necesariamente debe estar debidamente fundamentada y motivada, no siendo suficiente que se limite simplemente a la enunciación con carácter genérico al incumplimiento de los requisitos contenidos en el art. 258.2) del CPC, sino que debe procurarse generar en el recurrente la certeza de que evidentemente incumplió con las exigencias que la norma establece, precisando cuál o cuáles de los requisitos fueron omitidos y por qué se tienen como incumplidos.
- no se debe restringir a que en el recurso de casación se contemple de forma explícita la especificación de la ley o las leyes que se consideran fueron vulneradas, aplicadas falsa o erróneamente y la especificación sobre en qué consiste la violación, falsedad, o error, el cumplimiento de ello puede estar implícito o disperso en el recurso de casación y no sería conducente con un sistema judicial que procura la verdad material la exigencia con rigurosidad de la explicites de los requisitos cuando fácilmente de una lectura y análisis integral del recurso se puede desentrañar el cumplimiento de los requisitos y posibilitar así una resolución en el fondo que elimine el estado de indeterminación de las partes procesales,
- III.4.Análisis del caso concreto
- Fragmento 39
- Fragmento 40
- Fragmento 41
- REVOCAR en parte
- CONCEDER
- 2° DENEGAR