SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1654/2014

Cursó satisfactoriamente los cinco años de estudio en el Colegio Militar “Coronel Gualberto Villarroel”, que le permitía obtener el grado de Subteniente de Caballería el Ejército. Sin embargo, el 22 de enero de 2011, a raíz de una denuncia de robo contra su persona y otros, producido en el “Casino de Damas y Caballeros Cadetes del Colegio Militar”, se dispuso su baja en base a la Resolución del Consejo Superior 174/11 de 9 de diciembre del  mismo año, con derecho a reincorporación, junto a otros cadetes. En el orden del día del 9 de diciembre del citado año, cuando conjuntamente sus ex camaradas se disponían a salir a la calle para entregar invitaciones de egreso para el acto de la promoción del año 2011 a efectuarse el 13 de diciembre; fue en ese momento, en horas fuera de oficina en el cual procedieron a leerle la señalada Resolución del Consejo, sin notificarle para que pudiera hacer uso de los recursos de impugnación −conforme ya lo señaló el AC 0030/2013-RCA de 14 de febrero−, lo que impidió que ingresar a su acto de egreso y como consecuencia de ello la negación de que sea destinado a alguna guarnición Militar.

Afirmó que, en el procedimiento especial de sumario informativo militar, que determinó la participación, la responsabilidad de cadetes y oficiales encargados de la seguridad y cuidado de las dependencias del Casino, donde se produjo el supuesto robo; pero no así, de su persona. Sin embargo, lo que dio lugar a determinar su baja fue, el pronunciamiento de la imputación fiscal, bajo un abusivo tráfico de influencias y dadivas, la que posteriormente fue anulada por el Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, a través de Resolución de 17 de noviembre de 2012.

Luego, a raíz de la declaración de la hermana, de dos caballeros cadetes (Patricia Terán Delgadillo) nuevamente se le quiso incriminar; sin embargo, luego la misma hizo una declaración voluntaria notarial, donde indicó que fue utilizada por personeros de la Institución; ocurriendo algo similar con supuestos testigos que declararon bajo intimidación, Álvaro Diego Baldivieso Tórrez y Saúl Oropeza Fernández subtenientes, quienes luego redactaron voluntariamente una carta que cursa en el cuaderno de investigaciones donde desmintieron todo y confesaron haber sido obligados por el Mayor Martín Bravo.

No obstante ello, estando subsistente la anulación de la primera imputación, nuevamente se emitió imputación fiscal en su contra, que por segunda vez fue anulada a través de Resolución 510/2013 de 21 de agosto; por lo mismo, no pesa en su contra imputación alguna, que sustente la Resolución del Consejo Superior 174/11, por la cual se dispuso su baja y por ende se le privó la obtención de su título profesional.

Expresó que, el 12 de diciembre de 2011, a horas 18:00, su padre Arturo Gutiérrez Roldán, en compañía de un representante del Defensor del Pueblo del departamento de La Paz y otros se apersonó ante el Comandante del Colegio Militar, para ver la posibilidad de solución sobre su problema, habiéndole respondido el “General Alcázar” de manera verbal que debía incriminarse y resarcir gastos que realizaron contratando un “staff” de abogados en la suma de $us7.000.- (siete mil dólares estadounidenses), situación a la cual no accedieron. Asimismo, sucedieron otras reuniones frustradas, donde se le negó su reincorporación.

Luego el 11 de diciembre de 2012, presentó un memorial ante el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), solicitando la revisión de antecedentes y su reincorporación, porque se había anulado la imputación en su contra, que no fue respondida. Posteriormente, el 14 de abril de 2013, presentó carta notariada a Marco Antonio Rojas Rojas, Inspector General del Ejército, pidiendo realice una investigación imparcial, también sin respuesta alguna. El 4 de octubre del citado año, demandó su reincorporación ante Fernando Zeballos Cortéz, Comandante General del Ejército; reiterando tal solicitud el 17 octubre 2013, del mismo modo no fue respondida, por lo que después de tanto peregrinaje, tuvo que recurrir ante notario de fe pública para que certifique tal extremo el 5 de noviembre del mismo año.