SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1861/2014
Fecha: 25-Sep-2014
III.3. Análisis del caso en examen
El representante por la empresa accionante “Agrícola Río Victoria S.R.L.”, denuncia la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; debido a que, dentro del fenecido proceso ejecutivo social seguido por la AFP Futuro de Bolivia S.A., contra la empresa mencionada, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social, mediante Auto Interlocutorio 547 de 11 de abril de 2012, reguló honorarios profesionales irracionales e ilegales a favor del que fuera abogado de la empresa accionante, motivo por el que interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución; sin embargo, los vocales demandados, emitieron el Auto de Vista 38 de 28 de marzo de 2013, carente de suficiente motivación y fundamentación, incurriendo en incongruencia omisiva al no haberse pronunciado sobre los agravios expresados en el memorial de apelación, tampoco sobre la falta de valoración de la prueba de descargo por parte del Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social, consistente en recibos de pago presentados ante dicha autoridad, vulnerando de este modo, el art. 236 del CPC.
De los antecedentes que fueron remitidos a este Tribunal Constitucional Plurinacional, se estableció que, como consecuencia de la demanda ejecutiva social incoada por el Gerente Regional Santa Cruz de la AFP Futuro de Bolivia S.A., contra la empresa “Agrícola Río Victoria S.R.L.”, -ahora accionante-, el Juez Quinto de Trabajo y Seguridad Social del departamento de Santa Cruz, el 1 de marzo de 2008, pronunció la Sentencia 09; Resolución de primera instancia que fue objeto del recurso de apelación por parte de la empresa demandante, solicitando que se revoque la misma y se declare probada la demanda e improbadas las excepciones planteadas.
A mérito de lo manifestado, la Sala Social y Administrativa del hoy Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista 782 de 5 de septiembre de 2008, confirmó la sentencia apelada, la misma que fue declarada ejecutoriada, al no haberse presentado recurso alguno dentro del término establecido por ley. Asimismo, a solicitud de la parte ahora accionante, el Juez de la causa reguló los honorarios profesionales de los abogados patrocinantes de la empresa “Agrícola Río Victoria S.R.L.”, en la suma de Bs3 000.-, más el 10% de la cuantía (Bs792,20.-) y UFV's42 246,71.-, más Bs2 000.- de la segunda instancia, que la parte ejecutante debía cancelar dentro de tercero día de su legal notificación.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación de la acción
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- a)
- 1)
- i)
- “denegó”
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica
- y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones
- asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.
- No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad,
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido
- el juez o tribunal, dentro de un procedimiento judicial, emitirán su fallo exponiendo con claridad los motivos en los cuales sustentan su decisión, con la finalidad de dejar certeza a las partes actoras del litigio que se obró conforme a la normativa legal vigente, tanto sustantiva como adjetiva, además, en franco respeto por los principios y valores que rigen el ordenamiento jurídico;
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida
- deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el juez o tribunal ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido,
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución
- la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución
- la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia
- y el segundo en cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución
- III.3. Análisis del caso en examen
- Fragmento 31
- debe imprescindiblemente exponer los hechos, así como la fundamentación legal y motivación que sustente la parte dispositiva de la misma, a objeto de dejar certeza a las partes procesales, que se obró conforme a la normativa vigente;
- se limitaron a efectuar casi en su totalidad, una simple transcripción de los hechos y de los antecedentes del proceso, así como la descripción del memorial de apelación presentado por la empresa accionante
- Fragmento 34
- III.3.2. Respecto a la falta de congruencia en el Auto de Vista 38 de 28 de marzo de 2013
- b)
- e)
- Fragmento 38
- 2°