SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1056/2015-S3

En ese marco, la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita” (las negrillas son nuestras).

Sobre el particular, conviene precisar que la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, son inherentes no solo a resoluciones judiciales, sino también a resoluciones y determinaciones asumidas en sede administrativa, es decir dentro de un proceso o un procedimiento administrativo, conforme lo señaló la reiterada jurisprudencia constitucional.