SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1121/2015-S3

A mérito de todos los aspectos mencionados, es evidente que los actuados emanados por la autoridad judicial demandada, no han observado el análisis precedentemente efectuado, así como la naturaleza jurídica y alcances del proceso de quiebra, ni los antecedentes sobre los cuales emergen las obligaciones sociales; en cuya virtud, no resulta ser de aplicación el entendimiento jurisprudencial anotado por la autoridad demandada, debido al alejamiento del accionante de un proceso de quiebra de la empresa LAB S.A. en liquidación, respecto de la cual en un momento ciertamente ostentaba la representación. Sin embargo, como consecuencia de la disolución de dicha empresa, la administración se efectúa a través de la figura de la sindicatura, quien ostenta la representación y administración y, si bien, su actual representante legal aún no se apersonó al proceso laboral, a efectos de responder a las incidencias del mismo, no resulta ser razonable mantener la orden de apremio contra el hoy accionante, a efectos de forzarlo al cumplimiento de las obligaciones sociales de la empresa quebrada, pues como se dijo precedentemente, ya no cuenta con facultades de administración y disposición, por lo que no podría cumplir en modo alguno la satisfacción de los derechos perseguidos en el proceso social. En consecuencia, los actos emitidos por la autoridad demandada, ciertamente suprimen de manera directa el derecho a la libertad del accionante, lo que torna en procedente la concesión de la tutela impetrada, por las circunstancias expuestas.