SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1450/2015-S2
Fecha: 23-Dic-2015
III.3. Análisis del caso concreto
Considerando que los accionantes fundaron la existencia de vulneraciones al debido proceso y a su derecho político, en función a su derecho a ser partícipes de la elección del Comité Electoral encargado de convocar a las elecciones de la Directiva Ejecutiva del ICACRUZ y que con tal propósito, los ahora demandados asumieron la conducción de la Asamblea de 5 de junio de 2015 hasta concluir con dicho nombramiento; sin reparar en el hecho de que el Presidente hizo abandono del recinto y que no existe la normativa interna que avale las facultades para proseguir y llevar a cabo tales actuaciones sucesivas, desarrolladas por la Vicepresidenta y el Secretario de Hacienda del ente colegiado quienes infringieron los arts. 26.I; 115.II de la CPE; 12; 13.5 y 6; 25.2; y, 28.2 del Estatuto del ICACRUZ; 8.11 y 16.1 y 2 de la LEA.
Expuesta la problemática que dio origen a la presente acción tutelar, en forma previa a ingresar al análisis de fondo, corresponde examinar si los demandantes dieron cumplimiento a los principios de subsidiariedad e inmediatez, como condición previa a la revisión de las cuestiones de fondo expresadas en la presente acción; respecto de los cuales, la formulación constitucional, en la SCP 0077/2014-S2 de 4 de noviembre, exige que: “…En virtud al primero de los citados, corresponde a los accionantes, agotar todos los recursos de impugnación idóneos que la ley les otorga para el reclamo de sus derechos y garantías”; y, “en virtud al segundo (…) que sea activada dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación con la última decisión judicial o administrativa que se considere lesiva de los derechos y garantías alegados…”.
Conforme a la revisión del Estatuto del ICACRUZ, que corre de fs. 120 a 146 de obrados, cabe establecer que no incluye normativa específica relativa a recursos e instancias de impugnación de las decisiones adoptadas por los miembros de la Directiva o de la Asamblea Extraordinaria, por lo cual se concluye que no está pendiente el agotamiento de ninguna vía legal, pudiendo por lo tanto acudir a la acción de amparo constitucional sin ninguna restricción al cumplir el requisito de subsidiariedad. Igualmente, teniendo presente que el acto presuntamente lesivo se produjo el 5 de junio de 2015, y la presentación de ésta acción de defensa el 23 del mismo mes y año, pues se encuentra dentro del plazo dispuesto para el cumplimiento del principio de inmediatez.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- III.
- III.1. La eficacia horizontal de los derechos fundamentales y el principio de razonabilidad
- establecer una línea jurisprudencial amplia y protectora con relación a los actos de particulares que tengan como consecuencia la lesión de derechos fundamentales
- los derechos fundamentales, informan de contenido no solamente la esfera pública, sino también todos los actos, cláusulas y contenidos de ámbitos privados o corporativos, en cualquiera de sus formas o constitución jurídica, por lo tanto, en esta perspectiva, cualquier vulneración a derechos fundamentales, a partir de la estructuración de la teoría del Drittwirkung, puede ser oponible también a particulares, siendo en este caso la petición de amparo constitucional, un mecanismo idóneo para el resguardo de derechos fundamentales en esferas no públicas’
- principio de aplicación directa de la Constitución’
- la validez real y material de la irradiación de los derechos fundamentales y de los valores justicia e igualdad en la vida social, es decir, en actos públicos y privados, está garantizada por el principio de razonabilidad, el cual a su vez constituye un presupuesto esencial para el ejercicio del control de constitucionalidad’
- el principio de razonabilidad
- la acción de amparo constitucional a través de la cual puede controlarse las relaciones entre los particulares, poniendo freno a aquellos actos arbitrarios en los que se tengan como consecuencia la lesión de derechos fundamentales
- la eficacia horizontal se entiende respecto de todos los derechos y no sólo en los supuestos de supuesta desigualdad o subordinación entre las partes
- entre ellas, las relaciones ocurridas en los sindicatos y asociaciones de carácter privado, cuyas normas de regulación -estatutos y reglamentos-también deben guardar correspondencia con los mandatos constitucionales, asegurando un orden de paz y de vivir bien, orden que proscribe el uso arbitrario y discrecional de las normas que los regulan, así como los actos carentes de razonabilidad y proporcionalidad en las decisiones adoptadas al momento de conducirse, organizarse y relacionarse
- cualquier acto ocurrido dentro del ámbito privado que tenga por consecuencia la lesión o pretenda lesionar derechos fundamentales merece la protección que brinda el amparo constitucional para lograr su restablecimiento, aún provenga de las determinaciones asumidas en asambleas o reuniones o de los niveles de dirección de la sociedad o asociación que se trate, en razón a que en un Estado de Derecho Constitucional no existen zonas exentas de control
- La eficacia horizontal de los derechos a la libertad de asociación, al debido proceso y a la igualdad
- y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- contenidos esenciales del [debido proceso] deben ser desarrollados a la luz del principio de progresividad reconocido por el art. 13.I de la CPE, a efectos de una aplicación extensiva, favorable y efectiva, acorde con los postulados del Estado Constitucional de Derecho, como presupuesto esencial del Estado Plurinacional de Bolivia’
- Fragmento 23
- III.3. Análisis del caso concreto
- III.3.1. En cuanto a la vulneración del debido proceso
- III.3.2.
- CONFIRMAR en todo