SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1450/2015-S2

El art. 26.I de la CPE, que contempla el derecho de participación política invocado por los accionantes, presupone un ejercicio legítimo de participación como electores en cualquier ámbito público y privado; cuyo ejercicio ha sido conferido a los ciudadanos, previo cumplimiento de requisitos prudentes establecidos en la misma Constitución. En este escenario, la actuación que incumbe directamente a los electores en el ámbito público se erige en forma individual y obligatoria, lo cual no ocurre en el ámbito privado, donde la participación de los electores pasa por la adscripción y participación voluntaria de los sujetos de derecho y por lo mismo éstos adquieren la responsabilidad de participar en forma discrecional, de acuerdo a sus necesidades e intereses, por lo que tal intervención depende exclusivamente de los accionantes; debido a que dicha participación involucra su acreditación con cuotas pagadas; su presencia física el día y hora de la convocatoria; su injerencia en las mociones, sujetos a ser postulados inclusive; y, a la presentación de su voto, situaciones éstas que de ninguna manera han sido impedidas por los demandados, más aun si éstos se encontraban avocados a la ejecución de un acto instruido por Resolución 10; el cual inexorablemente debió cumplir su propósito inicial cual es la elección del Comité Electoral; en cuyo evento, los argumentos expuestos no tienen el respaldo de los elementos que permitan definir que ambos Directores –ahora demandados– pudieron evadir su ejecución, lo cual inclusive sería contrario o atentatorio a una orden emanada de autoridad competente; teniendo presente igualmente que el acto encomendado tiene una naturaleza puramente institucional y que no emerge a raíz de un acto de carácter personalísimo que debió ser cumplido inexorablemente por el Presidente del Directorio, por lo cual no puede estar supeditado al circunstancial abandono efectuado por él o a cualquier decisión suya.