SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0173/2015-S2
Fecha: 25-Feb-2015
1)
Marco Silvestre y Gabriel Tejerina Zapata, en audiencia señalaron: 1) Se pretende obtener un mandamiento de desapoderamiento a través de esta acción de amparo constitucional, para desapoderar a los vecinos; la Cooperativa de Ahorro y Credito Societaria “Piraí” Ltda. hace mención a la construcción de unas viviendas en el barrio “La Esperanza”, empero no se construyó ninguna vivienda; 2) El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), certificó que la junta vecinal “La Esperanza”, está ubicada en la ciudad de Santa Cruz y no en Warnes “UV S1, S2”, distrito municipal 5 y se encuentra afiliada a dicha institución matriz, la cual fue posesionada el 3 de junio de 2012; la parte accionante señaló que el supuesto avasallamiento se hubiera producido el 28 de mayo de 2013; sin embargo, ya tenían posesión desde esa fecha; es decir, que es un barrio establecido con alumbrado público, electricidad, agua y líneas de transporte y servicio de aseo urbano; 3) Cuando se reclama vulneración del derecho de propiedad por vías de hecho, deben existir dos elementos para conservar la tutela: el primero, que el derecho de propiedad esté debidamente demostrado y no cuestionado; el barrio “La Esperanza” cuestiona el derecho propietario a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “Piraí” Ltda; y segundo, la evidencia no controvertida que los demandados no estaban en posesión del inmueble, sino que con las acciones y evidencias, ocupaban la propiedad de la parte accionante; 4) No se demostró un ingreso violento, el acta de verificación natural es insuficiente y por las pruebas que presentaron con fecha anterior al 28 de mayo de 2013, no se cumplió con los dos requisitos señalados por la jurisprudencia constitucional; 5) Lo único que presenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “Pirai” Ltda. como origen de la propiedad, es el instrumento 185/2012 donde se señala que adquirió los terrenos de su propiedad por una dación en pago de una persona de nacionalidad chilena, que adquirió 350 lotes y más de 86.000 m2 de terreno, por una deuda que tenía con la Cooperativa, pero este terreno no acredita ninguna propiedad, ninguna tradición; y, 6) Solicitan que se declare improbada la acción tutelar, porque no se demostró que hubo un retiro el 28 de mayo de 2013, por parte de los accionantes y por no existir la certidumbre que los papeles correspondan al barrio “La Esperanza”, máxime si se demostró que los vecinos presentes, tienen un apersonamiento iniciado el 2009 con el Presidente del Comité Electoral y posteriormente instalación de agua, luz, transporte público, aseo urbano y luminarias; es decir, que es un barrio de Santa Cruz como cualquier otro.
Por su parte, Rufina Yabeta Gil a través de su abogado, en audiencia puntualizó que el avasallamiento habría ocurrido en agosto “del pasado año” y posteriormente por el otro grupo que se hizo referencia, el 28 de mayo de 2013; sin embargo, ella se encontraba en el penal de Palmasola, es decir que un mes antes del primer avasallamiento que refiere la Cooperativa, ella estaba con detención preventiva, un mes posterior al 28 de mayo de 2013, se le otorgó la libertad; no conociendo el barrio ni la propiedad.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- 1)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- II.15.
- II.16.
- II.17.
- II.18.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- III.2. Sobre el derecho de propiedad
- el acto o los actos cometidos por los particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad
- tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia (…)”
- 1) La flexibilización del principio de subsidiariedad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas (…)”
- por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”
- i) la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”
- 1) La existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica; y, 2) Para el caso de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien sobre el cual se ejerció dichas vías de hecho.
- referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial”
- es el accionante o agraviado el que al interponer su acción, debe acreditar y demostrar la existencia del acto u omisión denunciados de ilegales y además de ello, también debe demostrar que quien cometió esos actos u omisiones es el particular o la autoridad contra quien interpone el amparo constitucional,
- este Tribunal hace una valoración integral y objetiva de todos los elementos probatorios o aquellos que denoten indicios razonables de los actos denunciados y que vulneren derechos y garantías constitucionales
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 42
- acta circunstancial de verificación e inspección de lotes de terreno de 28 de mayo de 2013
- 2°