SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0173/2015-S2
Fecha: 25-Feb-2015
I.1.1. Hechos que motivan la acción
De la escritura pública 815/2012 de 14 de septiembre, expedida por la Notaria de Fe Pública de Primera Clase 56, se demuestra que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “Piraí” Ltda., es única y legítima propietaria de 350 lotes de terreno, veinte de los cuales incluyen sus respectivas viviendas construidas tipo chalets.
Refiere que en agosto de 2012, dichos terrenos fueron avasallados por personas inescrupulosas; sin embargo, luego de una serie de conversaciones, demostrándoles el derecho de propiedad de la citada institución sobre los referidos predios, se llegó a suscribir el acuerdo transaccional el 5 de abril de 2013, habiendo erogado pago compensatorio en la suma de $us18 500.- (dieciocho mil quinientos dólares estadounidenses) a las personas avasalladoras, quienes abandonaron los terrenos según se acredita del acta notarial de 30 de abril de 2013.
No obstante de ello, el 28 de mayo de 2013, amenazando a la empresa constructora “SUTO” S.R.L. que construye viviendas en la urbanización Vallecito, un nuevo grupo de personas empezaron a ingresar a los terrenos de propiedad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “Piraí” Ltda., a quienes se les advirtió que dichos predios eran de propiedad privada y debían retirarse; empero, los socios de la cooperativa, algunos de los cuales tienen individualizado su derecho propietario dentro de los 350 lotes, recibieron agresiones verbales y físicas; producto de lo cual, personal de la mencionada Cooperativa sostuvo discusiones con los avasalladores entre el 20 de agosto de 2013 y en reacción a ello, el 24 del mismo mes y año, de manera masiva se incrementó el número de avasalladores, ingresando inclusive a las áreas verdes, de equipamiento cedidas y de propiedad del municipio de Warnes, argumentando contar con autorización de las autoridades de gobierno.
Sostiene que, dichas personas ingresaron a los predios urbanizados, cometiendo actos ilegales que atentan contra la propiedad privada de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria “Piraí” Ltda. a la que representa, al haberse asentado por la fuerza, rompiendo y moviendo alambres, armando toldos y carpas, habiendo cuartos precarios de madera, levantando muros, incurriendo de este modo en actos delincuenciales de hecho.
Finaliza señalando que, los terrenos útiles de propiedad de la citada Cooperativa, dentro de la urbanización Vallecito, como ser áreas verdes y de equipamiento destinadas a colegios, mercados, áreas recreativas, etc., hoy se encuentran avasallados por los demandados, actos arbitrarios que están ocasionando la paralización del programa de vivienda social solidaria denominado “Vallecito 184”, para la construcción de 184 viviendas económicas.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- 1)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- II.15.
- II.16.
- II.17.
- II.18.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- III.2. Sobre el derecho de propiedad
- el acto o los actos cometidos por los particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad
- tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia (…)”
- 1) La flexibilización del principio de subsidiariedad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas (…)”
- por tal razón, la carga probatoria atribuible a la parte peticionante de tutela para vías de hecho, debe estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria”
- i) la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”
- 1) La existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica; y, 2) Para el caso de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien sobre el cual se ejerció dichas vías de hecho.
- referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su posesión legal del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, a través de una resolución judicial emitida por autoridad competente, que no esté sometida a controversia judicial”
- es el accionante o agraviado el que al interponer su acción, debe acreditar y demostrar la existencia del acto u omisión denunciados de ilegales y además de ello, también debe demostrar que quien cometió esos actos u omisiones es el particular o la autoridad contra quien interpone el amparo constitucional,
- este Tribunal hace una valoración integral y objetiva de todos los elementos probatorios o aquellos que denoten indicios razonables de los actos denunciados y que vulneren derechos y garantías constitucionales
- III.4. Análisis del caso concreto
- Fragmento 42
- acta circunstancial de verificación e inspección de lotes de terreno de 28 de mayo de 2013
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