SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0191/2015-S1

Con referencia a este derecho, la jurisprudencia constitucional estableció los parámetros bajo los cuales debe tratarse el mismo; al respecto, la    SCP 1326/2012 de 19 de septiembre, señaló: “La Constitución Política del Estado, reconoce el derecho aludido en su art. 24, estableciendo que: 'Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario´.

En ese entendido, el art. XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, manifiesta: ´Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución´.

Al respecto, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la SC 0962/2010-R de 17 de agosto, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, respecto al derecho de petición, puntualiza: ´…debe entenderse el mismo como la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho. En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa´.