SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0207/2015-S2

El principio de celeridad procesal es aquel por el cual se impide la prolongación de plazos y se eliminan los trámites procesales superfluos u onerosos; persigue que el proceso se concrete a las etapas esenciales limitadas al término perentorio fijado por la norma. La celeridad procesal impone a los tribunales y jueces la obligación de impartir justicia de manera pronta y oportuna, garantizando la tramitación rápida y dentro de los plazos previstos por la ley, e imprimiendo el impulso procesal. En observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales a una determinada etapa, y se pretende lograr que los actos se realicen en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias. El principio de celeridad tiene por finalidad la materialización del derecho al debido proceso, en su elemento esencial del derecho a ser procesado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, consagrado por los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Haciendo referencia a este principio, la SCP 1103/2012 de 6 de septiembre, ha señalado que: “…el art. 178.I de la CPE, determina que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y entre los principios que la sustentan señala al principio de celeridad, sobre dicho principio de manera concordante, el art. 115.II, establece que: 'El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones', señalando asimismo en el art. 180.I de la CPE, que la jurisdicción ordinaria se fundamenta entre otros en el principio de celeridad. Por su parte, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), establece que la celeridad 'Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia'. Consiguientemente, la aplicación del principio de celeridad en aquellos casos relativos a privación de libertad resulta ser más imperante, razón por la cual las actuaciones jurisdiccionales deberán proponerse la materialización del mismo”.

Ahora bien, desarrollando este principio con relación a las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad, la SC 1739/2011-R de 7 de noviembre, ha previsto lo siguiente: “Con relación a la celeridad procesal vinculada al derecho a la libertad, corresponde recordar que la SC 0900/2010-R de 10 de agosto, que retrotrayendo criterio jurisprudencial, afirma: '…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'; o sea que, el principio de celeridad procesal, impone a quienes imparten justicia, actuar con diligencia despachando los asuntos sometidos a su conocimiento, sin dilaciones indebidas, exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, aun cuando no exista una norma que establezca un plazo mínimo'.

La SC 0384/2011-R de 7 de abril, agregó que la celeridad que debe imprimirse a los trámites sobre cesación de medidas cautelares no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior de impugnación: 'No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda'. De modo tal, que cuando se provoca una dilación injustificada en la remisión de la apelación presentada contra una resolución que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, corresponde otorgar la tutela solicitada mediante la presente acción, por cuanto ello repercute en el derecho a la libertad física del agraviado”.       

Más adelante, la misma Sentencia Constitucional, a tiempo de desarrollar el trámite de la apelación, ha señalado lo que sigue: “La SC 0384/2011-R aludida recientemente, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: