SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0232/2015-S1
Fecha: 26-Feb-2015
III.4. Análisis del caso concreto
Conforme a los aspectos desarrollados se evidencia que el Viceministro de Tierras presentó demanda contenciosa administrativa contra el Director Departamental del INRA Tarija, por haber emitido la RA-ST 203/2005, misma que había resuelto adjudicar el predio Yuquirenda, canton Tarupayo, sección primera de la provincia Burnet O'Connor del departamento de Tarija con una superficie de 881 9640 ha, clasificada como mediana propiedad ganadera, a favor de la ahora accionante; proceso dentro del cual el Director Departamental del INRA Tarija, a tiempo de responder la demanda, planteó excepción de impersonería, al considerarse incompetente para conocer y contestar dicha demanda, dado que dicha atribución le correspondía al Director Nacional del INRA como máxima autoridad ejecutiva, excepción que fue declarada probada a través de Auto Interlocutorio Definitivo S2ª 05/2014, que a pesar de haber sido puesto a conocimiento del demandante y demandado del proceso el 11 de febrero de 2014, no fue objeto de reposición por ninguno de ellos.
Así el 26 de marzo del referido año el Viceministro de Tierras solicitó se reencause la personería del demandado, ratificando in extenso la demanda contenciosa administrativa, petitorio sobre el que los Magistrados ahora demandados, dispusieron que se aclare lo solicitado, en razón a que la figura de reencausar no se encuentra comprendida en el ordenamiento jurídico, por lo que el 22 de abril de ese año pidió mutación del Auto de admisión 44/2012, de la demanda de 19 de septiembre de 2012, ampliando la misma contra Juanito Félix Tapia García, Director Nacional del INRA, en aplicación del régimen de supletoriedad reconocido en el art. 78 de la LSNRA y a la facultad otorgada en los arts. 3 inc. 1) y 189 del CPC, determinándose al efecto por Auto de 28 del mencionado mes y año, mutar parcialmente el aludido Auto de admisión, en consideración al principio de justicia agraria consagrado en el art. 76 de la LSNRA y de la normativa citada por la impetrante, en aplicación a la facultad para efectuar mutaciones o revocaciones justas hasta antes de la sentencia.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 3
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”
- Principio, porque está dirigido a conservar el estado de inocencia de la persona durante todo el trámite procesal, ello supone que se convierte en una directriz de la administración de justicia que debe ser observada por todas las autoridades y servidores públicos encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado, tanto en el ámbito punitivo como en todo el sistema administrativo sancionador.
- Derecho, porque es predicable respecto de todas las personas, vincula a todos los órganos de poder y se encuentra reconocido como un derecho humano por los instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 26) como en los instrumentos internacionales se encuentra reconocido como un derecho humano
- a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- el auto interlocutorio, entendido como aquella resolución que decide las cuestiones incidentales que se suscitan durante la tramitación del proceso y, que según Eduardo J. Couture: “es un pronunciamiento sobre el proceso no sobre el derecho”; que dirime cuestiones accesorias que surgen con ocasión de lo principal y se resuelven según lo alegado y probado por las partes, vale decir, con apoyo de una fundamentación o motivación
- los autos interlocutorios simples pueden revocarse o sufrir mutaciones de oficio o a instancia de parte, los mismos que pueden ser impugnados a través del recurso de reposición
- La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que 'los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias… Pronunciados en ocasión de un trámite incidental, aparejan en último término la conclusión del juicio, en caso de ser declaradas las excepciones o la oposición
- los Autos Interlocutorios simples, al no poner fin al procedimiento, por su naturaleza procesal, facultan a la autoridad jurisdiccional a realizar el saneamiento procesal de oficio o a petición de parte, primero porque este supuesto no se encuentra inserto dentro del presupuesto disciplinado por el art. 8.4 del CPC y además, en una interpretación sistémica, porque en este caso, el juez, de acuerdo con el mandato regulado en el art. 3.4 del CPC, concordante con el art. 90 del mismo cuerpo normativo adjetivo, tienen el deber de velar por un desarrollo procesal exentos de vicios procesales que afecten el orden público, por esta razón, precisamente el art. 189 del CPC, de manera taxativa señala lo siguiente: ´En las providencias y autos interlocutorios que no prejuzgaren lo principal del litigio, ni cortaren otro procedimiento ulterior suspendiendo la competencia del juez, este podrá de oficio o a instancia de parte hacer en cualquier estado del proceso antes de la sentencia, las mutaciones o revocaciones que creyere justas'
- III.4. Análisis del caso concreto
- 1)
- i)
- Fragmento 27