SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0246/2015-S3
Fecha: 20-Mar-2015
III.2.1.
III.2.1. En relación a los argumentos planteados en la presente acción, referidos a que no se tomó en cuenta el trabajo desarrollado por el abogado ni la extemporaneidad en la presentación del recurso de apelación, se tiene que por Resolución de 25 de febrero de 2013, el Juez de primera instancia, reguló el honorario del abogado de la parte demandante en la suma de $us11 540.- y Bs300.-, disponiendo que Mirtha Teresa Garrón Quintero, cancele dicho concepto dentro del tercer día de su legal notificación bajo conminatoria de embargo y posterior remate de los bienes propios del obligado; determinación que fue notificada a las partes el 26 de abril de ese año 2013; ante lo cual, el representado de la coactivante, y ahora tercera interesada, solicitó enmienda y rectificación el 30 del mismo mes y año; resuelto por Auto de 2 de mayo de igual año, siendo rechazado el mismo por haber sido impetrado extemporáneamente; determinación que luego de ser notificada el 4 de junio del mismo año, al representante de la coactivante, éste interpuso recurso de apelación contra el Auto interlocutorio definitivo de 25 de febrero del año referido, el 14 de citado año; impugnación que fue contestada por Gustavo Alfonso Paz Balderrama, el 1 de agosto.
Por otra parte, también es evidente que Gustavo Alfonso Paz Balderrama al momento de responder al traslado del recurso de apelación por la ahora tercera interesada, en contra el Auto de 25 de febrero de 2014, hubiera denunciado o advertido la presentación extemporánea del recurso de apelación, que ahora alega en la presente demanda, razón por la cual, no es posible analizarla en esta instancia, precisamente por el principio de subsidiariedad que rige en la presente acción de amparo constitucional.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.6.1.
- II.6.4.
- II.6.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 17
- De donde se puede concluir que, la jurisprudencia constitucional, respetando el margen de apreciación de las otras jurisdicciones, precisó que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo
- Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa), en realidad ejercen, al igual que la justicia constitucional, una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello, a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Norma Suprema y su labor interpretativa parte de la misma;
- menos puede convertirse en un supra tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, a menos que la accionante hubiera manifestado de manera precisa una errónea valoración de la prueba (individualizando la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad), una errónea interpretación del Derecho (precisando qué normas legales fueron erróneamente interpretadas y cómo estas interpretaciones vulneran derechos fundamentales de manera puntual y concreta); o, cómo los elementos congruencia y fundamentación han sido vulnerados al emitirse una resolución judicial'”.
- III.2.1.
- Fragmento 22
- las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto
- III.2.2.
- REVOCAR