SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0327/2015-S1

Este principio está consagrado en el Auto Constitucional 0239/2014-RCA de         17 de septiembre en que infiere lo siguiente: “…la jurisprudencia constitucional determinó una excepción al principio de subsidiariedad, prescindiendo de esa naturaleza supletoria ante una posible lesión al o los derechos y garantías invocados, y por consiguiente, resultar como consecuencia un daño irreparable e irremediable provocado por vía o medidas de hecho, mereciendo esto protección inmediata; de manera que, a pesar de existir vías legales ordinarias, es posible activar inmediatamente esta vía tutelar una vez sean, compulsados los antecedentes y verificados los hechos ilegales o indebidos, y de esta manera, se otorgue una tutela provisional.

Es así que, la SC 0156/2010-R de 17 de mayo, recogiendo la jurisprudencia delimitada en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, señaló que: '«…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias. Frente a estas medidas de hecho, el criterio de este Tribunal ha sido uniforme en declarar la procedencia del amparo como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos fundamentales considerados lesionados…»'”.