SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2015-S1

Al respecto debe agregarse el entendimiento de la SCP 0049/2013 de 11 de enero, que dispuso: "El principio de congruencia hace a la garantía del debido proceso, que en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un límite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo” (las negrillas son nuestras).

De lo que inferido se entiende que el principio de congruencia es componente del debido proceso, y un elemento limitador del poder discrecional del juzgador, puesto que sus resoluciones deben mantener correspondencia con lo peticionado por las partes como coherencia entre lo considerativo entre sí y lo dispositivo, algo contrario implicará un ejercicio arbitrario del poder discrecional del juzgador que atenta la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa; ello no solo a la falta de coherencia, sino a una resolución con contenido confuso, contradictorio e incomprensible, constituyéndose una necesidad fundamental revocar y corregir el acto.