SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0460/2015-S3

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 23 de 10 de septiembre de 2014, cursante de fs. 227 vta. a 235, declaró la “improcedencia” de la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) La Resolución I.C.U. 049-2011, de aprobó el informe de la Comisión Jurídica Institucional del Consejo Universitario sobre el caso de desprogramación del ahora accionante, corresponde el desagravio a nombre de toda la institución, devolviéndole el goce pleno de todos los derechos que se le negaron, correspondiendo el resarcimiento de los daños ocasionados y la firma de un convenio propuesto por Asesoría Legal que establece un plan de pagos de los diez sueldos devengados, encomendando su cumplimiento a la Dirección Administrativa y Financiera y al Departamento de Recursos Humanos; 2) El art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), dispone que la acción de amparo constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; 3) Lo que llama la atención a ese Tribunal de garantías es la liquidación que se efectúa el 20 de noviembre de 2012, a favor del accionante en la suma de Bs. “172.332”, suma que no es atinente a la Resolución 049-2011. Entonces, la acción de amparo constitucional está orientada a la deuda de diez meses de sueldo, y por consiguiente no existe la vulneración del derecho al trabajo porque el accionante fue restituido en sus funciones; y, 4) La acción de amparo constitucional responde al principio de subsidiariedad, de manera que opera solo cuando se hubieran agotado los medios o vías de reclamo para la protección inmediata de los derechos y garantías de la persona. En ese sentido, por la vía del amparo constitucional, no se puede pretender el cumplimiento de resoluciones firmes de otros Órganos jurisdiccionales, siendo ellos los llamados a hacerlas cumplir. Por tanto, en el caso concreto, el accionante debe acudir a la vía ordinaria para exigir el cumplimiento de la Resolución aludida.