SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0466/2015-S2

           En el contexto de la norma procesal citada anteriormente, la materialización y el ejercicio del derecho y principio de impugnación, está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos de orden procesal; así, las partes deben formular el recurso de apelación el plazo máximo de setenta y dos horas; de la misma forma, interpuesta la impugnación, los antecedentes del proceso deben ser remetidos ante el superior en grado en el plazo máximo de veinticuatro horas.

           Considerando lo establecido en la norma antes glosada, la jurisprudencia constitucional como se ha visto en el anterior Fundamento Jurídico- concluyó que si existe demora en el trámite de apelación de las resoluciones que rechazan la solicitud de cesación de la detención preventiva, la misma puede ser denunciada y conocida a través de la acción de libertad o de pronto despacho”.

           No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación a la detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda.

En cuanto a la remisión de los antecedentes procesales inherentes a la apelación incidental contra la resolución que resolvió la solicitud de cesación a la detención preventiva, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, al complementar las subreglas establecidas en la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en sentido que: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.