SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0485/2015-S3

           Con carácter previo a la resolución del caso en cuestión, conviene recordar que la acción de amparo constitucional es un instrumento extraordinario que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, instituida por la Ley Fundamental como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley, siempre que no exista otro medio o recurso legal para su protección, de conformidad con el art. 129.I de la CPE; así, dicha acción se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez; en ese contexto, de acuerdo al art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la acción de amparo no procede contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno; señalando de la misma manera el art. 54.I del referido Código que  “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”; en síntesis, la acción de amparo constitucional no procede cuando se plantee contra decisiones y resoluciones judiciales o administrativas que por cualquier otro medio impugnativo, puedan ser modificadas o suprimidas, pese a que no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso.