SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0637/2015-S3

departamento de Santa Cruz, hubiera confirmado el rechazo de recusación de su homólogo Octavo debido a su inasistencia a la audiencia de consulta, misma que se debió a que no fue notificada personalmente, y en la cual también se le impuso una multa que considera injusta, cuya falta de pago le impide efectuar solicitudes dentro del proceso penal. Corresponde referir que, teniéndose presente de la lectura del Auto de 26 de agosto de 2014, que resolvió confirmar el rechazo de recusación principalmente en base a su inasistencia (Conclusión II.2.), la accionante tenía la posibilidad de impugnar la supuesta notificación defectuosa en la vía incidental ante la autoridad jurisdiccional, de lo que del relato de su propia acción de amparo constitucional, así como de lo informado por las autoridades demandadas y de lo verificado por el Tribunal de garantías, no habría acontecido, y en su caso, si se hubiese producido, impugnar dicha decisión, aspecto tampoco acreditado.

Por el contrario, se tiene verificado que la accionante interpuso dicho incidente ante la encargada de la Central de Notificaciones, quien negó resolver el incidente presentado en atención a que ello no era de su competencia, y se tiene de obrados, la existencia de dos decretos de 9 y 22 de septiembre de 2014 (Conclusión II.3.), por el que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, se pronunció por que la accionante acuda a dicha Central para interponer el respectivo reclamo por las notificaciones practicadas supuestamente de forma irregular, la accionante no impugnó a través de la presente acción que el indicado Tribunal le haya inducido en error respecto de la instancia competente para conocer su reclamo, pues más bien pretende, que esta jurisdicción actúe como Juez ordinario y resuelva el incidente que no fue planteado, y que de haberlo sido, aún le quedaba por agotar la respectiva apelación, por lo que teniéndose comprobado que respecto a esta problemática tampoco se agotaron los recursos ordinarios idóneos y previstos por el ordenamiento jurídico; por lo que, también corresponde denegar la tutela solicitada.