AUTO CONSTITUCIONAL 0274/2015-CA

Sucre, 9 de julio de 2015

Expediente: 11497-2015-23-AIC

Materia: Acción de inconstitucionalidad

concreta

Departamento: Cochabamba

En consulta la Resolución de 3 de junio de 2015, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal del departamento de Cochabamba, por la que rechazó la solicitud promover la acción de inconstitucionalidad concreta, formulada por Franz Edgar Rivero Valda, demandando la inconstitucionalidad de los arts. 48, 49 y 55 del Reglamento General de Urbanización y Sub División de Propiedades Urbanas, aprobado por Ordenanza Municipal (OM) 1061/91 de 20 de diciembre de 1991 emitido por el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; 2 de la Resolución Técnico Administrativa 171/97 de 29 de enero de 1997; 3 de la Resolución Técnico Administrativa 356/99 de 26 de marzo de 1999 y del Auto de revocatoria de 7 de octubre de 2004, dictados por el Órgano Ejecutivo del Municipio de Cochabamba, por ser presuntamente contrarios a los arts. 56, 57, 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN

I.1. Síntesis de la solicitud de parte

El accionante por memorial presentado el 19 de mayo de 2015, cursante de fs. 2 a 17, formuló acción de inconstitucionalidad concreta, contra los arts. 48, 49 y 55 del Reglamento General de Urbanización y Sub división de Propiedades Urbanas aprobado por Ordenanza Municipal 1061/91 de 20 de diciembre de 1991; 2 de la Resolución Técnico Administrativa 171/97 de 29 de enero de 1997; 3 de la Resolución Técnico Administrativa 356/99 de 26 de marzo de 1999 y del Auto de revocatoria de 7 de octubre de 2004, dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público a querella del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica previstos y sancionados por los arts. 154 y 224 del Código Penal (CP), señalando que el referido proceso le iniciaron por haber llevado adelante los trámites administrativos de aprobación y regularización de planos de la Urbanización y condominio “El Vergel”, y no haber supuestamente observado la falta de regularización del derecho propietario que tenía la comuna sobre el área verde no liberado por ese condominio en la superficie de 1.159 m², que con carácter previo a cualquier aprobación o autorización debía ser efectivamente cedido y consolidado a la favor de la Comuna, y no autorizarse el pago por área verde, mientras no exista alguna autorización del Concejo Municipal, sobre cambio de suelo, habiendo de esa manera transgredido lo dispuesto en el Reglamento de Urbanizaciones y Subdivisiones de Propiedades urbanas e incumplimiento de las Resoluciones Técnico Administrativas 171/97 de 29 de enero de 1997, 356/99 de 26 de marzo de 1999 y el Auto de Revocatoria de 7 de octubre de 2004.

Señaló que los arts. 48, 49 y 55 del Reglamento General de Urbanización y Sub División de Propiedades Urbanas que establecen la cesión gratuita de terrenos a favor de los Municipios en trámites de urbanización y sub división de bienes inmuebles contraviene los arts. 56 y 57 de la CPE.

Las Resoluciones Técnico Administrativas 171/1997; 356/99 y el Auto de Revocatoria de 7 de octubre de 2004, constituyen prueba ilícita regulada por los arts. 13, 71, 167, 169, 172 y 216 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en consecuencia, dichas pruebas atentan contra las garantías constitucionales, al debido proceso, a la defensa y a la igualdad de las partes en el proceso, comprendido en los arts. 115, 117 y 119 de la Ley Fundamental.

Con relación a la relevancia que tendrán las normas impugnadas en alguna resolución, no menciona nada.

I.2. Respuesta a la acción

De la revisión de los antecedentes aparejados al expediente, se corrió en traslado a las partes mediante decreto de 20 de mayo de 2015, cursante a fs. 18, Gustavo Pablo Ayala Aranibar y Silvia Magaly Rojas Rojas, Director y Abogada de la Dirección de Asesoría Legal del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, por memorial presentado el 22 del mismo mes y año, cursante de fs. 30 a 31 vta, contestaron a la acción de inconstitucionalidad concreta, manifestando que: a) En el proceso penal, que se lleva adelante contra el ahora accionante, no se ha contravenido ningún derecho garantizado por el art. 56 de la CPE, en razón a que él no es propietario del Condominio “El Vergel”, tampoco se está contraviniendo preceptos constitucionales al debido proceso, a la defensa e igualdad; y, b) No es necesario consultar la constitucionalidad de las normas demandadas, porque los delitos por los que se le está juzgando al funcionario público, ahora accionante, es por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, a las leyes y daño económico al Estado, para determinar la existencia de la comisión de los delitos mencionados no es necesario la acción de inconstitucionalidad concreta, por lo que pide no se promueva la acción mencionada.

I.3. Resolución del Tribunal judicial consultante

Por Resolución de 3 de junio de 2015, cursante de fs. 39 a 41, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, del departamento de Cochabamba, rechazó promover la acción de inconstitucionalidad concreta, con los siguientes fundamentos: 1) Los instrumentos jurídicos municipales cuestionados por la parte accionante, no serán considerados como normas que sostengan o definan el fallo, sino analizadas en su calidad de medios probatorios; consiguientemente, deben ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica prevista en el art. 173 del CPP; 2) En esa calidad, contra las resoluciones municipales objetadas, no resulta viable y menos procedente su cuestionamiento de inconstitucionalidad, sino tan solo su legalidad dentro del alcance de la exclusión probatoria; 3) Las normativas municipales antes descritas, ya no se hallan vigentes, porque fueron modificadas por la OM 3285/04, conforme se tiene constancia de los reglamentos de planificación y urbanización de la gestión 2009, por ello la acción de inconstitucionalidad concreta intentada no puede ser utilizada contra ellas.

II. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN

II.1. Normas jurídicas impugnadas y preceptos constitucionales supuestamente infringidos

Se demandó la inconstitucionalidad de los arts. 48, 49 y 55 del Reglamento General de Urbanización y Sub división de Propiedades Urbanas aprobado por OM 1061/91, emitido por el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; 2 de la Resolución Técnico Administrativa 171/97; 3 de la Resolución Técnico Administrativa 356/99 y del Auto de revocatoria de 7 de octubre de 2004 dictado por el Órgano Ejecutivo del Municipio de Cochabamba, por ser presuntamente contrarios a los arts. 56, 57, 115, 117 y 119 de la CPE.

II.2. Marco normativo constitucional y legal

De acuerdo a lo previsto por el art. 196.I de la CPE, señala que: “EL Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución y ejerce el control previo de constitucionalidad…”.

Por su parte el art. 132 de la Norma Suprema, dispone que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley” (la negrilla es nuestra).

Por su parte el art. 73.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), concordante establece que la: “Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo, cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales” ( la negrilla también es nuestra).

En ese orden, el control de constitucionalidad debe realizarse previo cumplimiento de los requisitos determinados en el art. 24 del CPCo, que dispone lo siguiente:

“I. Las Acciones de Inconstitucionalidad, conflictos de competencias y atribuciones, consultas y recursos deberán contener:

1. Nombre, apellido y generales de ley de quien interpone la acción, demanda, consulta o recurso, o de su representante legal, acompañando en este último caso la documentación que acredite su personería. Además deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata.

2. Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción o recurso, cuando así corresponda.

3. Exposición de los hechos, cuando corresponda.

4. En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulando con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado.

5. Solicitud, en su caso, de medidas cautelares.

6. Petitorio.

II. Las acciones de inconstitucionalidad, conflictos de competencias y atribuciones, consultas y recursos, requerirán el patrocinio de abogada o abogado” (las negrillas nos corresponden).

Por su parte el art. 27 del citado Código, ordena que:

“I. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos o subsanadas las observaciones hechas.

II. La Comisión de Admisión rechazará las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos:

a) Cuando concurra la cosa juzgada constitucional.

b) Cuando sea presentada de manera extemporánea en los casos que así corresponda, o

c) Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo” (las negrillas son ilustrativas).

II.3. Acción de inconstitucionalidad concreta no procede contra resoluciones emitidas en procesos administrativos

El AC 0475/2012-CA de 27 de abril, señaló que: “Al respecto, el art. 59 de la LTC es clara cuando dispone que el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad procede en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o resolución no judicial aplicable a aquellos procesos. Por consiguiente, una resolución judicial no es objeto de control de constitucionalidad, y en esos términos establece el art. 66 de la citada Ley cuando claramente determina que 'El Tribunal Constitucional no tiene competencia para conocer y resolver sobre fallos, sentencias, autos y otras resoluciones que dicte el Poder Judicial a través de sus jueces y magistrados'”.

En este contexto, se tiene que la abundante jurisprudencia constitucional se refiere al tema, señalando que: '…no corresponde la impugnación de una resolución judicial por la vía del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, por cuanto al ser una vía de control concreto de constitucionalidad sólo procede para impugnar una disposición legal aplicable a un caso concreto sobre cuya constitucionalidad se tiene duda razonable, ya que el objetivo del control normativo posterior de constitucionalidad, es depurar el ordenamiento jurídico nacional, no así las resoluciones judiciales, aspecto que desnaturalizaría la esencia de este medio de control de constitucionalidad por la vía incidental'” (AC 0201/2010-CA de 7 de mayo)” (las negrillas son nuestras).

La línea jurisprudencial citada precedentemente, determina que a través de la acción de inconstitucionalidad concreta no corresponde la impugnación de una resolución judicial, por cuanto al ser una vía de control concreto de constitucionalidad, solo procede para impugnar una disposición legal aplicable a un caso concreto, ya que, el objetivo del mismo es depurar del ordenamiento jurídico nacional, disposiciones legales y no así una resolución judicial.

Este razonamiento expresado por la línea jurisprudencial citada, a partir de una interpretación coherente, debe hacerse también extensivo a resoluciones dictadas en procesos administrativos, por no ser esta una disposición legal, sino como su nombre lo indica una resolución de proceso administrativo, entonces a partir de dicha interpretación, corresponde señalar que a través de la acción de inconstitucionalidad concreta no es procedente la impugnación de resoluciones emitidas en procesos administrativos, en razón a que el objetivo de la acción de inconstitucionalidad concreta es depurar del ordenamiento jurídico disposiciones legales.

II.4. Análisis del caso concreto

El accionante, en el caso, solicitó se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta contra los arts. 48, 49 y 55 del Reglamento General de Urbanización y Sub división de Propiedades Urbanas aprobado por OM 1061/91, emitido por el Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba; 2 de la Resolución Técnico Administrativa 171/97; 3 de la Resolución Técnico Administrativa 356/99 y del Auto de revocatoria de 7 de octubre de 2004 dictados por el Órgano Ejecutivo del Municipio de Cochabamba, por ser presuntamente contrarios a los arts. 56, 57, 115, 117 y 119 de la CPE.

En la exposición de los hechos, el accionante alegó que los arts. 48, 49 y 55 del Reglamento General de Urbanización y Sub División de Propiedades Urbanas que establecen la cesión gratuita de terrenos a favor de los municipios en trámites de urbanización y sub división de bienes inmuebles, contraviene el art. 56 y 57 de la Ley Fundamental.

Las Resoluciones Técnico Administrativas 171/1997 y 356/99 y el Auto de Revocatoria de 7 de octubre de 2004, constituyen prueba ilícita regulada por los arts. 13, 71, 167, 169, 172 y 216 del CPP; en consecuencia, dichas pruebas atentan las garantías constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad de las partes en el proceso comprendidos en los arts. 115, 117 y 119 de la Norma Suprema.

Del fundamento citado precedentemente se advirtió que la acción de inconstitucionalidad concreta carece de fundamento claro y preciso respecto a las leyes objetadas, así como de un argumento jurídico- constitucional en cuanto a la contradicción de los preceptos contenidos en los arts. 56, 57, 115, 117 y 119 de la CPE, porque no explicó cómo ellas resultan ser contrarias a los mandatos de la Ley Fundamental, por lo que no se cumplió lo previsto en el art. 24.I.4 del CPCo, requisito esencial para considerar el fondo de la acción, pues se debe crear duda razonable y fundada, por el contrario se presentó la causal de rechazo establecida en el art. 27.II inc. c) del mismo Código.

Por otra, no señaló, la vinculación entre la normativa impugnada con la decisión a ser asumida en el proceso penal que se le inició, porque no indicó si de su constitucionalidad depende una resolución, incumpliendo lo dispuesto en el art. 79 de igual normativa constitucional

A este respecto, conviene manifestar que la naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad concreta, es someter a control previo de constitucionalidad una disposición legal sobre cuya constitucionalidad surja una duda razonable y fundada en casos concretos en los que debe resolverse un proceso judicial o administrativo. Así, se ha determinado en el entendimiento desarrollado en el AC 0255/2005-CA de 13 de junio, al señalar que: “…el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad es un proceso constitucional de control concreto de constitucionalidad de normas jurídicas en el que el juez constitucional debe confrontar el texto de la norma impugnada con el de la Constitución Política del Estado, para determinar si hay contradicción en sus términos, con el objeto de realizar el control correctivo de la norma y así depurar el ordenamiento jurídico del Estado'.

Por otra parte, el AC 0312/2012-CA de 9 de abril, determinó que: 'La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas (…) también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada'; en consecuencia, la inobservancia de estos requisitos hace inviable el ejercicio de un verdadero control de constitucionalidad y determina el rechazo del recurso…” (las negrillas son agregadas).

También en el caso el accionante solicitó se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta contra Auto de Revocatoria de 7 de octubre de 2004.

De la revisión de los antecedentes adjuntos al caso, se establece que el Auto referido, es una resolución emitida dentro de recurso de revocatoria interpuesto en un proceso administrativo, por el cual se revocó la Resolución Ejecutiva 399/2004 de 23 de agosto.

A este respecto, en el Fundamento Jurídico II.3 de este Auto Constitucional, se determinó, que través de la acción de inconstitucionalidad concreta no es procedente la impugnación de resoluciones dictadas en procesos administrativos, en razón a que el objetivo de la misma es depurar del ordenamiento jurídico disposiciones legales concretas.

En conclusión, la acción de inconstitucionalidad concreta, incumple con los requisitos establecidos para su admisión, mismos que hacen que sea rechazada por carecer de absoluto fundamento jurídico constitucional que justifiqué una decisión de fondo del órgano encargado del control normativo de constitucionalidad, por la causal prevista en el art. 27.II. inc. c) del CPCo.

Por consiguiente, el Tribunal judicial consultante, al haber rechazado la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, actuó correctamente.

POR TANTO

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud a lo establecido por el art. 83.II del Código Procesal Constitucional, resuelve: RATIFICAR la Resolución de 3 de junio de 2015, cursante de fs. 39 a 41, pronunciada por El Tribunal Segundo de Sentencia Penal del departamento de Cochabamba.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

COMISIÓN DE ADMISIÓN

No interviene la Magistrada Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez por no estar de acuerdo con la decisión asumida.

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO PRESIDENTE

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA