SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0730/2015-S1

Dentro del contexto señalado, la exigencia procesal de la inmediatez, tiene justificación en que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida que el titular del derecho solicite su protección, pues en su propio interés debe ser diligente en cuanto al respeto y vigencia de sus derechos, además de hallarse directamente vinculada a los principios de preclusión y celeridad, los mismos que no sólo dependen de los actos de la autoridad sino también del peticionante, quien debe estar compelido por su propio interés a realizar el seguimiento que corresponda a su solicitud, de modo que cuando no ha sido diligente en propia causa no puede pretender que esta jurisdicción esté supeditada en forma indefinida para otorgarle protección, entendimiento jurisprudencial contenido en las SSCC 0770/2003-R y 1809/2011-R, entre otras" (las negrillas son nuestras).

De lo  anteriormente expresado, se colige que a efectos de la interposición de la acción de amparo constitucional se tiene un plazo máximo de seis       meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; consiguientemente, la presentación al margen del periodo antes referido deviene en extemporánea.