SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0733/2015-S3

La Empresa accionante a través de sus representantes, alegan lesionados sus derechos al debido proceso y a la “seguridad jurídica”, toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Nelly Rosario Sánchez Justiniano por la presunta comisión del delito de prevaricato, los Vocales demandados confirmaron en apelación la Resolución del Juez a quo que declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, declarando admisibles e improcedentes las apelaciones presentadas tanto por la Empresa que representa -YPFB- como por el Ministerio Público, con total carencia de fundamentación y motivación, sin haber examinado la naturaleza del hecho investigado, y estableciendo que el término máximo de duración del proceso sería de tres años en base al art. 133 del CPP, la Convención Americana sobre Derechos del Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ello sin tomar en cuenta la Disposición Transitoria Novena de la Constitución Política del Estado.