SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0747/2015-S3

Sucre, 7 de julio de 2015

SALA TERCERA

Magistrada Relatora: Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

Acción de amparo constitucional

Expediente: 09861-2015-20-AAC

Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 01 de 16 de enero de 2015, cursante de fs. 143 a 149, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Marcelo Suarez Suarez contra Gualberto Terrazas Ibañez, Lineth Marcela Borja Vargas y Javier Rodrigo Celiz Ortuño, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera; Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Civil y Comercial Segunda, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Guilder Jhonny Ureña Espinoza, Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 19 de septiembre, 9, 22 y 30 de octubre de 2014, cursantes de fs. 86 a 91 vta., 121 a 122, 126 y 129, respectivamente, el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante contrato de compra venta de 28 de enero de 1997, pretendió adquirir de Lourdes Maida Vda. de Álvarez y Francisco Álvarez, maquinaria para la fabricación de pastas alimenticias, pagando un monto de $us40 000.- (cuarenta mil 00/100 dólares estadounidenses), del total acordado que ascendía a la suma de $us50 000.- (cincuenta mil 00/100 dólares estadounidenses); sin embargo, el contrato fue incumplido por los vendedores al no realizar la entrega de la cosa pactada; razón por la cual el 3 de abril del mismo año, suscribió un segundo contrato debidamente reconocido; mediante el cual, los vendedores se comprometían a pagarle un interés de 3% -sobre los $us40 000- por mes de retraso en la entrega de la maquinaria.

Ante el incumplimiento de este segundo contrato, solicitó la devolución, vía judicial, del precio pagado, intereses y daños y perjuicios ocasionados, emitiéndose al efecto la Sentencia el 18 de mayo de 2000, misma que calificó el monto a pagar por los vendedores en $us64 000.- (sesenta y cuatro mil 00/100 dólares estadounidenses); sin embargo, ante un nuevo incumplimiento, en ejecución de sentencia procedió al embargo de maquinaria que se encontraba en “ZOFRACO”, pero por negligencia de los vendedores la misma se declaró en abandono en favor del Estado, sin que hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar haya podido recuperar su capital.

Al margen de todo el peregrinar judicial que atravesó, sin que hasta la fecha de presentación de esta acción de amparo constitucional se le haga justicia, Lourdes Maida Vda. de Álvarez, interpuso en su contra un proceso ordinario de nulidad del segundo contrato que fue reconocido el 3 de abril de 1997, por existir un supuesto error en el objeto, trámite que se encuentra en el Juzgado Octavo de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Cochabamba; proceso mediante el cual, la demandante pretendería distorsionar la realidad señalando que es él quien le debe $us40 000; en ese sentido, fue notificado en un domicilio falso y al enterarse de la situación se apersonó con el objeto de solicitar la nulidad de la citación, aspecto que fue negado por el Juez ahora codemandado con el argumento que su persona convalidó la citación al haberse apersonado, siendo que lo hizo con el objeto de pedir orden judicial para recabar un certificado domiciliario ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y en el marco de lo dispuesto en el art. 24 de la Norma Suprema.

En ese entendido, la negativa del referido Juez vulneró sus derechos al habérsele declarado rebelde y tener que asumir el proceso en el estado en el que se encontraba; lo cual, vulneró su derecho a contestar la demanda, oponer excepciones, reconvenir y aportar prueba documental pre constituida; por lo que, consideró que le compete a la justicia constitucional verificar si en este proceso interpretativo de la justicia ordinaria se vulneraron sus derechos.

Refirió que, la presente acción de amparo constitucional es planteada en contra del Juez codemandado por haber emitido los Autos de 28 de febrero de 2014 -que rechazó el incidente de nulidad de obrados que interpuso por nulidad de citación con la demanda- y de 25 de marzo del mismo año que le concedió el recurso de apelación en el efecto diferido; además, en contra de los Vocales demandados, toda vez que pronunciaron el Auto de 17 de abril de ese año, que declaró ilegal la compulsa que interpuso contra la concesión de su recurso en el efecto diferido.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante considera lesionados sus derechos a la defensa, a la igualdad de las partes, a la justicia accesible en igualdad de oportunidades y al debido proceso en su elemento de legalidad, citando al efecto los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 16 de enero de 2015, según consta en el acta cursante a fs. 142 y vta., encontrándose ausentes el accionante, los demandados y los terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación de la acción

Roberto Marcelo Suarez Suarez, no asistió a la audiencia pese a su legal citación cursante a fs. 131.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Gualberto Terrazas Ibañez, Lineth Marcela Borja Vargas y Javier Rodrigo Celiz Ortuño, Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no asistieron a la audiencia pese a su legal citación cursante a fs. 136 y vta.; sin embargo, presentaron informe escrito después de celebrada la misma el 16 de enero de 2015, cursante de fs. 152 a 153 vta.

Eddy Mejía Montaño, Vocal de la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, no asistió a la audiencia ni presentó informe alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 136 vta.

Guilder Jhonny Ureña Espinoza, Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 15 de enero de 2015, cursante de fs. 138 a 141 vta., señaló lo siguiente: a) Dentro del proceso ordinario cursante en su Juzgado desde el 12 de junio de 2012, incoado por Lourdes Maida Vda. de Álvarez contra Roberto Marcelo Suarez Suarez -hoy accionante- y Guido Álvarez Maida, se produjeron los siguientes actuados: 1) Por Auto de 4 de septiembre de 2013, se calificó el proceso como ordinario de hecho; 2) El actual accionante se apersonó al proceso mediante memorial de 5 de mayo de 2011 y de 6 de noviembre de 2013, denunciando la nulidad de la diligencia de citación y corridos los traslados de ley, el incidente fue rechazado por Auto de 28 de febrero de 2014; 3) El accionante planteó enmienda, aclaración y complementación del referido Auto de rechazo de nulidad de citación, el cual fue resuelto mediante Auto de 20 de marzo de igual año, desestimando su solicitud; 4) Contra ambos Autos planteó recurso de apelación -por memorial de 21 de marzo de 2014-, que fue resuelto por Auto de 25 del mismo mes y año; posteriormente, contra dicho Auto, el accionante planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el cual fue resuelto mediante Auto de 7 de abril del referido año, mediante el cual se confirmó el citado Auto de 25 de marzo de 2014, ratificándose además la alzada con efecto diferido; 5) Por memorial de 10 de noviembre de 2013, el ahora accionante planteó en su contra recusación, misma que fue rechazada por Auto de 2 de diciembre de igual año; y, 6) Por memorial de 11 de abril de 2014, el accionante interpuso recurso de compulsa, que fue resuelto por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba mediante Auto de 17 del mismo mes y año, declarándolo ilegal. Mencionó también que el referido proceso, a la fecha de interposición de la presente acción tutelar, se encontraba concluido en todas sus fases de probanza, estando pendiente la dictación de la sentencia, aclarando que existen dos apelaciones pendientes de tramitación en el efecto diferido; b) En la tramitación del proceso se cumplió con lo dispuesto en los arts. 178 y 180 de la CPE; y, 1 concordante con los arts. 90, 101 y 137 del Código de Procedimiento Civil (CPC); c) Por su parte, el ahora accionante no cumplió, conforme se establece en la SC 0042/2011-R de 16 de marzo, ratificada por SC 1623/2011-R de 11 de octubre, con su deber de reclamar el vicio procesal en forma oportuna y en la etapa procesal correspondiente, además de no convalidar ni consentir el acto impugnado de nulidad, mencionar y demostrar expresamente los medios de defensa de los cuales fue privado, aspecto que es corroborado por la jurisprudencia ordinaria por los Autos Supremos (AASS) 99/2013 de 8 de marzo, 158/2013 de 11 de abril y 291/2013 de 7 de junio, que se refirieron a los principios de trascendencia y convalidación; d) En el presente caso, el accionante en su primera actuación -por memorial de 5 de mayo de 2011- no interpuso incidente de nulidad de obrados, aplicando los principios de trascendencia y convalidación, no es evidente que fue privado de interponer medios de defensa y por último en el referido memorial procedió a negar los hechos demandados; por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 346.I del CPC, la sola negación explícita de la pretensión deducida en la demanda, por sí sola constituye una respuesta tácita a la misma; y, e) La presente acción tutelar contiene una improcedencia reglada por el principio de subsidiariedad; por cuanto, los Autos denunciados como vulneratorios de derechos, pueden ser recurridos mediante apelación una vez dictada la sentencia; por lo que, la acción de amparo constitucional no es un medio idóneo para que intra proceso se proceda a corregir supuestos errores cuando están pendientes recursos ordinarios de impugnación, conforme lo dispone el art. 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) concordante con el art. 74.3 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) y la SCP 0030/2013 de 4 de enero; por lo que, la presente acción de defensa debió ser declarada “improcedente in límine” por improcedencia reglada y sobre la base del principio de subsidiariedad; razones por las que, pidió dictar resolución declarando la improcedencia de la actual acción tutelar, en cumplimiento al art. 74.3 de la LTCP.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Lourdes Maida Vda. de Álvarez y Guido Álvarez Maida, no asistieron a la audiencia ni presentaron informe alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 137 y vta.

I.2.4. Resolución

La Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01 de 16 de enero de 2015, cursante de fs. 143 a 149, denegó la tutela impetrada, sin costas, con los siguientes argumentos: i) El Auto de 28 de febrero de 2014, complementado por el de 20 de marzo del mismo año, puede ser modificado o suprimido por el recurso de apelación en la instancia correspondiente, conforme manda el art. 54.I del CPCo, concordante con el art. 74.3 de la LTCP, que textualmente dice que la acción de amparo constitucional no procederá “Contra las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso, puedan ser modificados o suprimidos, aun cuando no haya hecho uso oportuno de dicho recurso”; y, ii) Respecto a la subsidiariedad se remitió a lo señalado por la SC 2007/2010-R de 3 de noviembre -que a su vez cita las SSCC 0031/2010-R de 15 de junio y 1337/2003-R de 15 de septiembre-, entre otras, por lo que se colige que la presente acción tutelar, viene a ser un instrumento subsidiario y supletorio en la protección de los derechos fundamentales; subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de la vía ordinaria; consecuentemente, en base a dichos argumentos y las citas de jurisprudencia constitucional, se concluyó que en el presente caso no se agotaron los recursos legales ordinarios para ingresar a considerar el tema de fondo de la acción tutelar planteada; además que, el Tribunal de garantías no se constituye en un Tribunal de casación como equivocadamente pretendió la parte accionante, ya que no se cumplió con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional para ingresar a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por memorial presentado el 27 de julio de 2010, cursante de fs. 2 a 4, Lourdes Maida Vda. de Alvarez -actual tercera interesada- interpuso demanda de nulidad de contrato por error en el objeto contra Roberto Marcelo Suarez Suarez -hoy accionante- y otro; posteriormente, el nombrado fue citado con la demanda mediante cédula el 25 de octubre del mismo año, en calle La Paz 357 de la ciudad de Cochabamba (fs. 8); y, por Auto de 16 de diciembre de igual año, los demandados fueron declarados rebeldes (fs. 9 vta.).

II.2. Mediante memorial presentado el 6 de mayo de 2011 (fs. 14) el hoy accionante se apersonó y pidió se instruya a la FELCC certifique respecto a su domicilio; posteriormente, mediante memorial presentado el 11 de noviembre de 2013 (fs. 29 a 30), planteó nulidad de obrados por ilegal citación con la demanda, adjuntando verificación policial domiciliaria (fs. 20 y vta.) y estableciendo su domicilio en la calle San Juan entre San Joaquín 1573 de la ciudad de Cochabamba. El incidente de nulidad de citación con la demanda fue resuelto mediante Auto de 28 de febrero de 2014, emitido por Guilder Jhonny Ureña Espinoza, Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Cochabamba -hoy codemandado-; por el cual, rechazó el mismo (fs. 32 a 34); ante ello, planteó enmienda, aclaración y complementación (fs. 35), que fue rechazado por Auto de 20 de marzo de igual año (fs. 36 a 37).

II.3. Ante este nuevo rechazo, por memorial presentado el 21 de marzo de 2014, el accionante planteó recurso de apelación (fs. 38 a 40 vta.); el cual, fue concedido en efecto diferido, en caso de una eventual apelación de la sentencia a través de Auto de 25 del mismo mes y año (fs. 41); contra esa determinación, el accionante, el 3 de abril del citado año, planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación (fs. 42 y vta.), mismo que fue resuelto mediante Auto de 7 de abril de 2014, confirmando el Auto impugnado; es decir, concediendo el recurso de apelación en el efecto diferido. Ante esta nueva negativa, el accionante mediante memorial de 11 del citado mes y año (fs. 47 a 49) planteó recurso de compulsa contra el auto de 28 de febrero de 2014, siendo éste declarado ilegal, por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de 17 de abril del mismo año (fs. 51 a 52 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante considera vulnerados sus derechos a la defensa, a la igualdad, a la justicia accesible en igualdad de oportunidades y al debido proceso en su elemento de legalidad, alegando que el Juez Octavo de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Cochabamba -ahora codemandado-, al haber rechazado el incidente de nulidad planteado, coartó su derecho a contestar la demanda, oponer excepciones, reconvenir y aportar pruebas; asimismo, los Vocales demandados, al declarar ilegal la compulsa interpuesta, actuaron de manera injusta.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional

La acción de amparo constitucional es un medio de defensa de naturaleza subsidiaria; es decir, no procede cuando existe otro mecanismo legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, de acuerdo a lo previsto por los arts. 129.I de la CPE, y 54.I del CPCo.

El art. 53.1 del CPCo, dispone la improcedencia de la acción de amparo constitucional, señalando: “Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas” (las negrillas fueron añadidas).

La jurisprudencia constitucional, es amplia al reiterar el carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional, por ejemplo la SCP 1902/2012 de 12 de octubre, citando a la SC 0025/2007-R de 22 de enero, definió que “…la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el amparo constitucional”. En ese entendido, la SC 1293/2011-R de 26 de septiembre, que recogió lo expresado por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, determinó las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados, y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución...” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante plantea la presente acción tutelar porque considera que la concesión del recurso de apelación en efecto diferido, emitida por el Juez hoy codemandado, contra el incidente de nulidad de citación con la demanda presentada, vulneró sus derechos y las garantías constitucionales invocados en la presente acción de amparo constitucional; de igual forma, acusa la injusticia de los Vocales demandados, que declararon ilegal el recurso de compulsa interpuesto contra el Auto de 17 de abril de 2014.

Respecto a la primera problemática, se advierte que el accionante frente a las irregularidades incurridas en los actos de comunicación procesal, planteó incidente de nulidad; empero, fue rechazado por Auto de 28 de febrero de 2014, conforme se describió en la Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; con esos antecedentes, el accionante plantea esta acción tutelar reclamando que el citado rechazo coartó su derecho a contestar la demanda, oponer excepciones, reconvenir y aportar prueba documental; sin embargo, se constata que interpuso recurso de apelación contra el referido Auto de rechazo, habiéndosele concedido en el efecto diferido; consecuentemente, al haberse cuestionado en sede judicial el referido actuado considerado como vulnerador de derechos a través de un mecanismo idóneo -recurso de apelación-, corresponde aplicar el Fundamento Jurídico III.1, subregla 2.b) de este fallo constitucional, en razón a que la acción de amparo constitucional no procede cuando se activan medios o recursos legales que permiten revisar o revocar el acto denunciado como vulnerador de derechos y garantías constitucionales; razón por la cual, la solicitud de tutela constitucional no es viable por estar el presente caso comprendido en la causal de improcedencia establecida en el art. 53.1 del CPCo.

Respecto a la Resolución del Tribunal de compulsa que declaró ilegal la misma, el accionante simplemente se limitó a señalar que es injusta sin explicar de qué forma el Auto de 17 de abril de 2014, lesionó sus derechos invocados en la presente acción tutelar; razón por la cual, no es posible examinarlo por cuanto la jurisdicción constitucional no es un mecanismo de impugnación o una instancia ordinaria supletoria, criterio ampliamente respaldado por la jurisprudencia constitucional conforme señaló la SCP 0934/2014 de 15 de mayo, que manifestó: “…a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo a las otras jurisdicciones…” (Razonamiento reiterado en las SC 1031/2000-R de 6 de noviembre y SCP 0437/2015-S3 de 4 de mayo, entre otras). Asimismo, la SCP 0371/2014 de 21 de febrero, refiriéndose a la revisión excepcional de la actividad interpretativa efectuada por otras jurisdicciones, indicó que: “…solamente resulta exigible una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: 1) Por vulneración del derecho a un resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; 2) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, 3) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”.

En el presente caso, el accionante no observó los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional descrita, ocasionando que este Tribunal Constitucional Plurinacional, no pueda analizar excepcionalmente el Auto de compulsa de 17 de abril de 2014.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01 de 16 de enero de 2015, cursante de fs. 143 a 149, pronunciada por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Ruddy José Flores Monterrey

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez

MAGISTRADA