SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0822/2015-S1

Solicitó se conceda la tutela, ordenando: a) El inmediato desbloqueo del camino que une la comunidad de Cañada con Arani, para permitir el traslado y posterior comercialización de su carga de papa y rábano; b) Se le deje ingresar, salir, circular y permanecer en la comunidad de Cañada; c) Se abstengan de realizar otras medidas de hecho, así como perturbarlo, amenazarlo y perseguirlo; y, d) Se condene al pago de costas, daños y perjuicios.

La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, señala que las dos finalidades esenciales de las vías de hecho en relación a particulares, son: “…a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.

Respecto a la acreditación de las medidas de hecho y la obligación de la parte accionante debe demostrar el hecho a través de todos los medios de prueba la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional desarrolló una excepción, a través de la SCP 0489/2012 de 6 de julio, señalando lo siguiente: “a) Que las medidas de hecho denunciadas por lo general deben ser probadas por el o los accionantes; ya que debe demostrarse con certeza que indudablemente se han suscitado los actos que lesionaron los derechos y/o garantías denunciados. b) Para invocar la excepción de la prueba y conceder la tutela solicitada, tendrán que concurrir dos requisitos: i) La imposibilidad de obtener y presentar la