AUTO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0020/2015-O

De igual forma, el ACP 0005/2012-O de 30 de octubre, determinó que: “…ante una resistencia de los servidores públicos o personas particulares en la observancia de las determinaciones judiciales, el Tribunal de garantías tiene el deber de asegurar que las decisiones del máximo intérprete de la Constitución Política del Estado sean cumplidas sin ninguna demora; por cuanto, se trata de resguardar derechos fundamentales. El derecho de acceso a la justicia no significa acudir únicamente a las autoridades judiciales y obtener una decisión de ellas, al contrario, dicha determinación debe tener una ejecución pronta y oportuna, pues ella significa la culminación favorable del debido proceso” (las negrillas nos pertenecen).

Lo expuesto, significa que dictada una determinación constitucional, y cuando la misma adquiere la calidad de cosa juzgada, su ejecución corresponde al Juez o Tribunal de garantías que inicialmente conoció la acción y no así al Tribunal Constitucional Plurinacional; por cuanto, éste, sólo conocerá y resolverá las quejas por demora o incumplimiento en dicha ejecución o su sobrecumplimiento, conforme se mostró ut supra. Razonamiento a ser aplicado en las acciones de defensa, entre ellas, a la acción popular.