SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0880/2015-S1

La CPE vigente desde el 7 de febrero de 2009, establece en su art. 125 que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz, sumarísimo que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física, de locomoción, y el derecho a la vida, para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya el derecho a la libertad; por tanto se establece los siguientes supuestos para su activación de la acción de libertad, cuando: a) La vida se encuentre en peligro; b) Exista persecución ilegal o indebida; c) Procesamiento ilegal o indebido; y, d) Privación de libertad indebidamente; resaltándose como características “…el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad, porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia”; expresada por la jurisprudencia constitucional dictada en la SCP 862/2014 de 8 de mayo.