SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0922/2015

De lo expuesto y de una revisión minuciosa del proceso, se evidencia, que, si bien corren en obrados copias de las resoluciones de 27 de marzo, 2 de mayo, 23 de septiembre de 2014, para concluir con el mandamiento de libertad de 25 de septiembre de igual año, a solicitud del accionante ante el Juzgado Primero de Ejecución Penal del departamento de Cochabamba, se resuelve la libertad condicional de Telésforo Morejón Quispe, aspecto que de manera confusa plantea en su memorial de acción, señalando que: “…su representado se encuentra detenido ilegalmente en el penal de “El Abra” toda vez que el día 29 de marzo del presente estando cumpliendo con su deber de ciudadano fue aprehendido por funcionarios de la FELCN con el argumento de no haber cumplido la condena impuesta en Sentencia de 31 de octubre de 2003…” en franca contraposición al Auto de 23 de septiembre de 2014, emanada por el Juzgado Primero de Ejecución Penal (Conclusión II.1 y II.4).

Texto que expresa puntualmente, que la sentencia que imponga una pena, debe encontrarse ejecutoriada para exigir su cumplimiento; en ese contexto, al encontrarse el proceso en etapa de ejecución de sentencia, competencia que inclusive, la Constitución Política del Estado vigente en su art. 23.III prescribe: "…La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito", por lo que el accionante debió plantear su reclamo ante el Juez de Ejecución Penal, a objeto de que esta autoridad jurisdiccional determine su situación jurídica, pues es la vía o mecanismo procesal específico e idóneo para restituir el derecho ahora alegado; y no activar directamente la justicia constitucional, al existir una autoridad competente para resolver peticiones en ejecución de sentencia, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela.