SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0926/2015-S3

La jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1357/2013 de 16 de agosto, luego de analizar el art. 17.I de la LOJ, -antes citado- indicó que dicha norma legal: “…debe ser entendido de forma amplia a efecto de que proceda la revisión de actuaciones procesales de oficio cuando el juez o tribunal identifique que la irregularidad jurídica del acto conlleva una intolerable vulneración de derechos y garantías. De esa manera, los parágrafos II y III de la misma disposición se flexibilizan conjuntamente con el art. 236 del CPC; en la medida que frente a un supuesto de conculcación evidente de derechos y garantías, el juez o tribunal podrá pronunciarse más allá de los aspectos solicitados en el recurso interpuesto, únicamente para hacer notar tal situación respecto a la tramitación de determinado acto procesal y demostrar que su vigencia es inválida por ser contrario a la Constitución, consecuencia que se deberá expresar con la declaratoria de nulidad del respectivo acto procesal. Por lo que, la nulidad no procederá solamente ante irregularidades reclamadas oportunamente, sino también de oficio cuando el juez o tribunal se halle frente a una evidente violación constitucional en los términos ya expuestos” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

En ese contexto, resulta evidente que las autoridades demandadas además de dejar constancia de que hacían uso de su facultad prevista en el art. 252 del CPC, explicaron que la misma se debe a que advirtieron la lesión al orden público consistente en que se demandó a través de otro proceso ordinario la revisión de la cosa juzgada, que emergió de otra causa, cuando para ello existe el proceso de revisión extraordinaria de sentencia conforme al art. 297 del CPC; de ahí, que al haberse motivado y fundamentado dicha determinación y, sustentado la misma en las normas legales descritas ut supra, no se evidencia lesión al derecho al debido proceso en su elemento de congruencia y fundamentación, ni resulta cierto que las autoridades demandadas actuaron sin competencia.

Con relación al derecho a la defensa, el accionante no indicó de qué manera habría sido conculcado, imposibilitando examinarlo y sobre los principios de seguridad jurídica y legalidad al haberlos vinculado al debido proceso su examen fue realizado a momento de pronunciarse sobre el referido derecho.