SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0999/2016-S2

De antecedentes se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Germán Leytón, ahora tercer interesado, se le imputo a este por el delito de estafa agravada, asimismo se interpuso acusación formal a querella de Roger Echalar Barrientos, Ana María Silva y María de las Nieves, ambas Deuer Deuer, ahora accionantes, por el citado delito previsto y sancionado por el art. 335 y 346 bis del CP, solicitando que previa audiencia conclusiva de preparación de juicio oral se remita antecedentes al Tribunal de Sentencia de turno para que se señale día y hora para la celebración de audiencia de juicio oral, de igual forma también es evidente el memorial presentado el 21 de noviembre de 2014 por Winston Rivera Villafan, Fiscal de Materia, corrigiendo la acusación formal presentada el 29 de mayo de 2014, acusando nuevamente a Luis Germán Leytón por el ya citado delito; y, por memorial presentado el 11 de junio de 2014, ante el Juez Primero de Instrucción Penal, los ahora accionantes presentaron acusación particular contra el citado por la presunta comisión del delito de estafa previsto y sancionado por el art. 335 del CP; sin embargo, a través del Auto 102/2015, Marina Durán Miranda, Marcelo Barrios Arancibia y Rene Salomón Mancilla Céspedes, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero, ahora demandados, emitieron el Auto de apertura del proceso contra Luis Germán Leytón por la presunta comisión del delito de estafa previsto y sancionado por el art. 335 del CP, siendo que éste es el acto considerado ilegal por los ahora accionantes por los motivos ya señalados, corresponde precisar que conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III. 1 del presente fallo constitucional plurinacional, se tiene que el agraviado tiene el deber de activar la presente acción de amparo constitucional y solicitar la protección de sus derechos y garantías constitucionales invocados como vulnerados tan pronto como tuviere conocimiento del acto ilegal, es decir, conforme prevé la norma constitucional en el plazo de seis meses, ya que no puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, ya que si no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno; sin embargo, en el presente caso, habiendo sido emitido el Auto de apertura de juicio el 3 de julio de 2015, y considerando que dicho acto eral ilegal por haber consignado la calificación del hecho tan solo como delito de estafa y no estafa agravada y considerando que precisamente en función de lo determinado por el art. 342 del CPP, dicha Resolución es irrecurrible, por consiguiente, no existen los medios o recursos legales para impugnarlo, debió reclamar oportunamente dicho acto a través de la presente acción de amparo constitucional en el plazo previsto de los seis meses; sin embargo, se evidencia que desde la fecha de emisión de dicho Auto, del que si bien no se tiene conocimiento exacto de la fecha de notificación del mismo; empero, que evidenciándose su conocimiento en la primera audiencia de juicio oral realizada el 27 de julio del citado año, se tiene que hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional que data de 30 de mayo de 2016, han transcurrido, más de los seis meses previstos para la interposición de la presente acción, motivo por el no cual corresponde ingresar al correspondiente análisis de fondo de la problemática planteada.