SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1100/2016-S3

En el marco de la distribución funcional primaria del poder público, delegada a los cuatro órganos del Estado boliviano (arts. 12.I, y, 179.I y III CPE), el Tribunal Constitucional Plurinacional de acuerdo a lo dispuesto por el art. 196.I de la Ley Fundamental, se erige en la instancia que tiene por misión velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejerciendo el control de constitucionalidad resguardando el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, no constituyéndose en un nivel impugnatorio o instancia más dentro de un proceso judicial o administrativo.

Así, la revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales, desarrollada en el ámbito de la justicia constitucional por medio de la acción de amparo constitucional, se limita al juzgamiento del criterio jurídico aplicado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, en cuya sustanciación podrían, evidentemente, producirse la vulneración a determinados derechos y garantías constitucionales.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional mantiene una línea jurisprudencial uniforme, estableciendo, en términos evolutivos, que la revisión y/o valoración de la actividad interpretativa desarrollada por otros tribunales en procura de brindar la tutela solicitada en sede constitucional es excepcional (SSCC 1031/2000-R de 6 de noviembre, 1846/2004-R de 30 de noviembre, 1846/2004-R de 30 de noviembre, 0085/2006-R de 5 de enero y 0194/2011-R de 11 de marzo). En este marco, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció además las condiciones que viabilizan la revisión constitucional de la actividad procesal de otras jurisdicciones, en los siguientes términos: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria´, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de 'reglas admitidas por el Derecho´ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa- argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.