SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1233/2016-S3

Por el hecho de haberse encontrado dentro de su “Frizzer” un pedazo de carne, en marzo de 2016, Sirle Carla Martínez Oropeza, Directora de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno Autónomo Municipal de Camiri del departamento de Santa Cruz -ahora demandada- clausuro su frial “EL CAPULLO” ubicado en el mercado “San Antonio”; sin embargo, para cumplir con los pedidos que tenían se apersonaron ante dicha instancia quien de forma prepotente los extorsiono, señalando que debían pagar la suma de Bs1000.- (mil bolivianos), motivo por el cual, tuvieron que suplicarle para que les hiciera una rebaja y después de tantos ruegos le cancelaron la suma de Bs800.- (ochocientos bolivianos), para posteriormente autorizarles abrir su frial.

Con la prepotencia que caracteriza a la hoy demandada, el 1 de agosto de 2016, a horas 12:00 aproximadamente, de manera abusiva y prepotente, volvió a clausurar su frial, sin tener ningún motivo o razón, tan solo por el odio que les tiene -pero lastimosamente antes de que sea clausurado habían metido carne de ganado recién faenada-; empero, la ahora demandada de forma abusiva señaló que habrían introducido carne robada, tildándolos de ladrones de ganado y amenazándolos con denunciar de estos actos ante la Fiscalía, además les dijo que eran “…UNOS LADRONES DE GANADO, UNOS MALEANTES QUE ESTAMOS ACOSTUMBRADOS A ROBAR…” (sic). No contenta con lo sucedido, al promediar las 22:00 también procedió a clausurar el frial que pertenece a su hijo, siendo la única intención de la demandada perjudicarlos y dejarlos sin trabajo, pues la venta de carne es el único medio de trabajo con el cual se sostienen y viven, siendo el sustento familiar de sus hijos y nietos, aspecto que les causa perjuicios económicos y familiares.