SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1254/2016-S1
Fecha: 02-Dic-2016
a)
Willy García Valeriano y Eva Mamani Ignacio, Hilacatas del ayllu Huatari, mediante memorial cursante a fs. 506, se apersonaron y rechazaron la presente acción de amparo constitucional, alegando que: a) Se involucró a autoridades de otras gestiones, cuando se debió accionar contra las que firmaron las resoluciones cuestionadas; b) Se consideraron inocentes de todo lo vertido en la acción tutelar, siendo objeto de calumnia y difamación; y, c) Pidieron que se los excluya de la presente acción.
Gumer Villca Nina, Corregidor auxiliar de Lia, apersonándose a fs. 526, señaló que los años que indica la acción, no fungió en tal cargo e informó que en calidad de autoridad comunal de la misma, no tiene ningún nexo de causalidad, participación ni relación alguna con los antecedentes y hechos señalados por la accionante.
Vicente Ignacio Arcayne, Corregidor Auxiliar de Luca, mediante memorial cursante a fs. 550 y vta., se apersonó señalando que su nombre correcto es ese y no así como indica la demanda de acción de amparo constitucional (Vicente Ignacio Alcaine); además que ejerció dicho cargo desde el 6 de enero de 2016, siendo que los hechos y circunstancias referidos por la accionante, se refieren a la Resolución de 21 de noviembre de 2010 y a la completaría de 24 de diciembre de 2015, gestiones en las que su persona no ejercía ningún cargo.
Willy García Valeriano, Hilacata y Javier Juan Calani Villca, Alcalde de Mando, ambos del Ayllu Huatari, apersonándose por memorial de fs. 556, ofrecieron como prueba, el cuaderno de control jurisdiccional del proceso seguido por el Ministerio Público contra Doris Ivonne Quispe Gonzales, por la presunta comisión del delito de hurto, mismo que cursa en ese despacho.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- ya que las directrices principistas y los valores plurales supremos en el
- valores ético-morales plasmados en el art. 8.1 de la Constitución
- el paradigma del vivir bien, se configura como una verdadera pauta de interpretación inter e intra cultural de derechos fundamentales, a partir de la cual, los valores plurales supremos irradian de contenido los actos y decisiones que emanan de la justicia indígena originaria campesina, constituyendo además una garantía plural destinada a evitar decisiones desproporcionadas y contrarias a las guías axiomáticas del Estado Plurinacional de Bolivia
- III.3. La jurisdicción indígena originaria campesina y el respeto a los derechos y garantías previstos en la Ley Fundamental
- reconoce a la jurisdicción originaria campesina la facultad de administrar justicia, con independencia y autonomía; pero, la condiciona al respeto a la vida, el derecho a la defensa y los demás derechos y garantías previstos en nuestra ley fundamental
- “…el debido proceso respecto a la jurisdicción indígena originaria campesina se debe interpretar de forma intercultural
- III.4. El debido proceso y el derecho a una resolución motivada en la justicia indígena originaria campesina
- debe entenderse que la aplicación del derecho a la debida fundamentación y motivación en el caso de las resoluciones emitidas por la justicia indígena originario campesino no necesitan regirse por los cánones occidentales, sino conforme a la cosmovisión, normas y costumbres propias lo que implica un esfuerzo adicional para identificar en cada caso concreto la normativa interna (sea oral o escrita) y el paraguas axiológico sobre el cual descansan sus sanciones de forma que el sancionado y el resto de la comunidad conozcan los motivos y la proporcionalidad de la sanción
- Ley 073 en su art. 5.III, prohíbe a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina sancionar con la pérdida de tierras o la expulsión a las y los adultos mayores, por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos comunales; situación que amerita otorgar la tutela inmediata que brinda la acción de amparo constitucional, haciendo inclusive abstracción del principio de subsidiariedad, a los efectos de restablecer la paz social; siendo que en todo caso, cualquier controversia que pudiese existir respecto al derecho propietario del accionante o sobre el incumplimiento de sus deberes comunales, deberán ser dilucidados en las instancias que correspondan
- consecuentemente, cualquier determinación que implique el retiro definitivo de los accionantes de sus tierras afecta directamente su derecho a trabajar y labrar la tierra
- III.7. Del derecho de petición en la JIOC
- En consecuencia, el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición
- III.8.
- Fragmento 31
- CONFIRMAR