SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1415/2016-S3
Fecha: 06-Dic-2016
a)
Solicita se conceda la tutela, disponiendo: a) La restitución plena de los derechos vulnerados tanto a su persona como la de su hijo, declarando la nulidad del Auto de Vista 135/2016 de 11 de agosto y ordenando a las autoridades hoy demandadas pronuncien nuevo fallo respetando los puntos expuestos en el recurso de apelación, consiguientemente se revoque el Auto de 5 de julio de 2016; b) Dejar sin efecto la fijación de asistencia familiar que fue dispuesta ultra y extra petita por las autoridades demandadas; además de la multa impuesta a su persona sin demostrar objetivamente los agravios dentro de un debido proceso; y, c) Que el Juez Público Primero de la Niñez y Adolescencia pronuncie nueva resolución en apego a la Ley, antecedentes del proceso y disponga la entrega inmediata de su hijo a su persona en virtud que no corresponde guarda alguna.
Jorge Luis Lazzo Quinteros y Sonia Loreta Valera López de Lazzo, en audiencia, por intermedio su abogado manifestó lo siguiente: a) Se determinó la multa de Bs500.- al hoy accionante por la utilización de términos ofensivos denigrantes contra los administradores de justicia, además contra los abuelos maternos de un niño que necesita la protección tanto de la familia como de la sociedad, se aplicó el interés superior del niño dispuesto en el art. 60 de la CPE; b) Respecto a las denuncias efectuadas contra el Director del establecimiento escolar, cabe considerar que éste carece de legitimación pasiva en la presente causa; como también es falso que se hubiera pretendido manipular en el colegio; c) Si bien se señaló que las autoridades judiciales hubieran incurrido en una serie de ilícitos contemplados en el Código Penal; pero no se explicó de qué manera se cometieron los mismos; y que la autoridad demandada Farida Brígida Velasco Alcocer estuviera suspendida de sus funciones; por lealtad procesal se debe respetar a todos los jueces y servidores públicos; d) Los abuelos fueron quienes se encargaron del niño económica y afectivamente desde el alumbramiento, infancia, educación, alimentación, vestimenta, salud, etc., aspectos de los cuales no se hizo cargo el hoy accionante, por lo que mal puede alegarse discriminación porque el Auto de Vista confirmó el Auto de 5 de julio de 2016, disponiéndose que las visitas se desarrollen progresivamente hasta que el padre pueda visitar al niño de forma libre y se disponga una guarda compartida; como tampoco puede existir trata y tráfico por parte de los abuelos maternos y otros delitos como que se hubiera intentado victimarlo no tienen sustento alguno ni presenta prueba objetiva; y, e) Es completamente falso que los terceros interesados estuvieran ejerciendo violencia sicológica en el niño; aspecto que no se encuentra en ningún informe dado que simplemente se señaló que no se pudo llevar adelante la labor de acercamiento por razones de salud de la psicología; sin embargo, se utiliza este informe como si éstos indicaran que existe violencia y si bien el accionante se considera perseguido de la justicia, los abuelos maternos no iniciaron ninguna acción penal o civil; por lo que el Auto de Vista es objetivo no vulneró ningún derecho ni garantía constitucional.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- es considerada como el instrumento jurídico internacional más importante sobre el tema, que se adscribe a la doctrina de la protección integral de la niñez que se sustenta en cuatro pilares: el derecho a la subsistencia, al desarrollo, a la protección y a la participación
- 2. El principio de interés superior, por el cual las decisiones de los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben atender el interés superior del niño, teniendo en cuenta los
- 4. El principio de autonomía progresiva, que implica que los niños deben lograr en forma progresiva el ejercicio autónomo de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre los niños al carecer éstos de autonomía
- En ese contexto normativo internacional, la Constitución Política del Estado, se inscribe dentro de la corriente de protección integral adoptada por la Convención, pues en el art. 59.I establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral, y se reconocen, entre otros, los principios de no discriminación (art. 59.III), de unidad familiar (art. 59.II), el principio de interés superior (arts. 59.II y 60) y la autonomía progresiva, en sentido que las actividades que realicen las niños y adolescentes en el marco familiar y social están orientadas a su formación integral como ciudadanos, y tendrán una función formativa (art. 61 de la CPE).
- En ese ámbito, regula el instituto de la guarda, definiéndolo como
- El denominado
- La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes
- la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor
- En suma, el interés superior del menor es un principio rector, ampliamente reconocido por el derecho internacional y reproducido de manera directa en la Constitución Política, que propende por la máxima satisfacción de los derechos de que son titulares todos los niños, niñas y adolescentes
- obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado
- dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos
- III.2. La congruencia externa o el principio de pertinencia de las resoluciones judiciales como elemento del debido proceso
- La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido
- por cuanto expuestas las pretensiones de las partes traducidas en los puntos en los que centra una acción o recurso, la autoridad competente para resolver el mismo está obligada de contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas y además de ello, debe existir una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume
- III.3. Análisis del caso concreto
- i) En la parte considerativa
- ii)
- iii)En la parte resolutiva,
- CONFIRMAR