SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1415/2016-S3
Fecha: 06-Dic-2016
III.3. Análisis del caso concreto
En el caso venido en revisión, el accionante sostiene que dentro del proceso de infracción por violencia seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia contra Jorge Luis Lazzo Quinteros y Sonia Loreta Valera López de Lazzo -hoy terceros interesados- (abuelos maternos del menor AA) quienes le privaron de la relación afectiva con su hijo AA, ante el fallecimiento de la madre del niño, el Juez de la causa por Sentencia 31/2015 de 29 de junio dispuso la guarda compartida entre tanto se hagan las sesiones de acercamiento entre el padre progenitor y el niño, disposición que fue apelada por los Vocales ahora demandados y resuelta por Auto de Vista 174/2015 de 28 de julio, que confirmo dicha Resolución.
Posteriormente por Auto de 20 de noviembre de 2015, se dispuso que el accionante asuma el ejercicio en plenitud de la autoridad paterna; empero, sostiene el accionante que los abuelos maternos utilizando violencia psico-emocional en su hijo e incurriendo incluso en conductas delictivas, lograron que se dicte el Auto de Vista 198/2015 de 28 de diciembre, el cual dispuso que el Juez a quo dicte nueva resolución apegada al debido proceso, ante esta situación se planteó una primera acción de amparo constitucional (que según consta en nuestro sistema de información del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue resuelta por SCP 0430/2016-S2 de 5 de mayo, denegando la tutela). En ese entendido, por Auto de 5 de julio de 2016, el Juez Público en materia de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de Oruro, dispuso el tratamiento psicológico al menor AA para que le ayude a superar la visión negativa de su progenitor, los abuelos e inclusive al tío materno; además que los mismos mantengan relaciones cordiales y educadas entre ellos; determinación contra la cual el hoy accionante formuló recurso de apelación que mereció el Auto de Vista 135/2016 11 de agosto, dictado por los Vocales hoy demandados disponiendo la guarda en favor de los abuelos y el tío materno; resolución que a decir del accionante es arbitrario e incongruente.
Ahora bien, atendiendo al contenido expuesto en el planteamiento del objeto procesal de la presente acción tutelar, esta Sala advierte que inicialmente es menester realizar una revisión del contenido del Auto de Vista 135/2016, al tratarse de la última resolución en la que bien pudieron ser reconducidos a derecho las falencias de los inferiores, de cuyo ejercicio se extrae lo siguiente:
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- es considerada como el instrumento jurídico internacional más importante sobre el tema, que se adscribe a la doctrina de la protección integral de la niñez que se sustenta en cuatro pilares: el derecho a la subsistencia, al desarrollo, a la protección y a la participación
- 2. El principio de interés superior, por el cual las decisiones de los tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben atender el interés superior del niño, teniendo en cuenta los
- 4. El principio de autonomía progresiva, que implica que los niños deben lograr en forma progresiva el ejercicio autónomo de todos sus derechos, consiguiendo superar el criterio dominante referido a que los padres tienen poder sobre los niños al carecer éstos de autonomía
- En ese contexto normativo internacional, la Constitución Política del Estado, se inscribe dentro de la corriente de protección integral adoptada por la Convención, pues en el art. 59.I establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral, y se reconocen, entre otros, los principios de no discriminación (art. 59.III), de unidad familiar (art. 59.II), el principio de interés superior (arts. 59.II y 60) y la autonomía progresiva, en sentido que las actividades que realicen las niños y adolescentes en el marco familiar y social están orientadas a su formación integral como ciudadanos, y tendrán una función formativa (art. 61 de la CPE).
- En ese ámbito, regula el instituto de la guarda, definiéndolo como
- El denominado
- La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes
- la garantía de un interés jurídico supremo consistente en el desarrollo integral y sano de la personalidad del menor
- En suma, el interés superior del menor es un principio rector, ampliamente reconocido por el derecho internacional y reproducido de manera directa en la Constitución Política, que propende por la máxima satisfacción de los derechos de que son titulares todos los niños, niñas y adolescentes
- obliga a que todas las decisiones que deban tomar las autoridades en conocimiento de situaciones que puedan afectar los intereses del niño, sean asumidas velando por su interés superior; cumpliendo de esa manera la protección constitucional a la que están compelidos en su favor la familia, la sociedad y el Estado
- dichas autoridades tienen altos deberes constitucionales y legales en relación con la preservación del bienestar integral de los menores que requieren su protección deberes que obligan a los jueces y funcionarios administrativos en cuestión a aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar sus decisiones, mucho más tratándose de niños de temprana edad, cuyo proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos
- III.2. La congruencia externa o el principio de pertinencia de las resoluciones judiciales como elemento del debido proceso
- La congruencia fue definida como un principio normativo que limita facultades resolutorias del juez, por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido, oportunamente, por los litigantes, y relación con los poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico, con la finalidad de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y lo pretendido
- por cuanto expuestas las pretensiones de las partes traducidas en los puntos en los que centra una acción o recurso, la autoridad competente para resolver el mismo está obligada de contestar y absolver cada una de las alegaciones presentadas y además de ello, debe existir una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y la decisión que asume
- III.3. Análisis del caso concreto
- i) En la parte considerativa
- ii)
- iii)En la parte resolutiva,
- CONFIRMAR