SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1487/2016-S3

En relación a la actuación del Tribunal de Garantías, se advierte que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 5 de octubre de 2016 (fs. 28 a 31), subsanada el 11 de igual mes y año (fs. 45 a 48 vta.) y admitida el 13 del mismo mes y año (fs. 49); sin embargo, la audiencia se llevó a cabo el 24 de octubre de 2016 (fs. 129 a 142 vta.); es decir, doce días después de la interposición de la acción tutelar, cuando la audiencia debió realizarse en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde su presentación, conforme lo dispone el art. 129.II, última parte de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo); resulta necesario establecer que el Tribunal de garantías, en el referido auto de admisión de 13 de octubre de 2016, señaló audiencia “…a celebrarse dentro las 48 horas de notificadas las partes…” (sic) sin establecer una fecha concreta que además resulte uniforme con los plazos previstos por el Código Procesal Constitucional.

Al respecto, la SCP 0610/2013-L de 3 de julio, que cita a la SCP 1047/2012 de 5 de septiembre, señalo que: “…la norma contenida en el art. 129.III de la misma norma constitucional, en relación con los arts. 115.II y 119.II (…), debe ser entendido en sentido que el plazo de cuarenta y ocho horas para la presentación del informe y correspondiente celebración de audiencia se computa desde la admisión de la acción de amparo constitucional; aclarándose, empero, que para precautelar el derecho a la defensa de los demandados y terceros interesados, las citaciones y notificaciones deben ser practicadas por el oficial de diligencias dentro de las veinticuatro horas de admitida la acción de amparo constitucional”, no siendo justificativo razonable el señalamiento de audiencia sin fecha expresamente determinada, resultando pertinente recordar que el control y cumplimiento del carácter perentorio de los plazos de las acciones de defensa es una obligación para los jueces y tribunales de garantías; bajo ese contexto, se advierte que el Tribunal de garantías, incurrió en una innecesaria retardación de justicia en la tramitación de la presente acción tutelar, olvidando la naturaleza de la acción de amparo constitucional que fue diseñada para la protección inmediata, efectiva y oportuna de los derechos fundamentales.