SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0461/2016-S2
Fecha: 03-Feb-2016
II.2
II.2. Juan Carlos Rodríguez Montero, Notario de Fe Pública de Primera Clase 4 del departamento de Potosí, a través del informe presentado el 8 de junio de 2015, al Juez Segundo de Partido Civil y Comercial del mismo departamento en lo que se refiere al segundo remate, mencionado precedentemente, acto en el que participó en su condición de martillero puso en conocimiento de la indicada autoridad que el mismo tuvo lugar en la fecha y horario señalados, acto al que se presentaron dos postores entre ellos Ángel Williams Cazasola Duarte, quien resultó ser el adjudicatario, empero no llegó a efectuar el empoce del 20% de ley, burlando su buena fe (fs. 3 y vta.). A este efecto, el Juez de la causa emitió el Auto de 15 de junio de 2015, a través de cual conminó e intimó a Ángel Williams Cazasola Duarte para que a tercero día de su notificación efectúe el depósito del $us7 329,59.- (siete mil trescientos veintinueve dólares estadounidenses 59/100) e igual plazo para el depósito del importe total del remate y así formalizar la transferencia del inmueble en cuestión (fs. 4).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- concedió
- II.1.
- II.2
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 13
- III.1. El principio de congruencia como un elemento configurador del debido proceso
- atendiendo la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, concebida como un mecanismo judicial extraordinario destinado a la protección inmediata de derechos fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados, el procedimiento que se siga para su restablecimiento, protección y ejercicio, se encuentra pues consagrado a través del debido proceso como derecho en sí mismo, como principio y como garantía jurisdiccional, que por mandato constitucional obliga a su aplicación a través de la observancia y respecto de todo el acervo normativo, se trate de disposiciones constitucionales, jurisprudencia, leyes, reglamentos, etc., que garantizan la efectivización de derechos y garantías constitucionales establecidas y reconocidas por la Ley Fundamental
- toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo (…).
- Lo expuesto, no responde únicamente a un mero formulismo de estructura sino que al margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez que a su vez implican el respeto de derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales, así como el derecho de acceso a la justicia, a la garantía del debido proceso que entre uno de sus elementos, reconoce el derecho a exigir una resolución motivada’.
- c) Aplicación de estas reglas a las cuestiones introducidas al debate por el demandado, ósea resolución de todas las cuestiones planteadas por el mismo y nada más que ellas’. (Ricer, Abraham, ‘La congruencia en el proceso civil’, Revista de Estudios Procesales, N°.5, pág. 15/26).
- Fragmento 19
- Auto de 19 de agosto de 2015:
- El Auto de Vista 190/2015 de 2 de diciembre:
- CONFIRMAR en todo