SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0342/2016-S3

Nivel Nogales Guzmán, Juez de Partido y Sentencia de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, por informe presentado 31 de julio de 2015 cursante de fs. 899 a 900, señaló: i) La accionante pretende que el Tribunal de garantías revise la legalidad ordinaria y que vuelva a valorar los medios probatorios del proceso civil; ii) En el momento de dictar la Sentencia de 20 de abril de 2013, realizó una valoración conjunta de todos los medios de prueba extrayendo de ellos lo útil y razonablemente objetivo, exponiendo de manera fundamentada y motivada cada apreciación de la prueba testifical de ambas partes y en base a la sana crítica se determinó que no era útil para fundar una sentencia; por consiguiente, no es cierta la falta de valoración, aspecto que fue entendido y ampliamente fundamentado en el Auto Supremo; iii) Esta acción de amparo constitucional es absurda, incongruente y contradictoria, primero porque denuncia que no se valoró la prueba testifical y en la acción confiesa que las declaraciones de los testigos de descargo eran falsas; sin tomar en cuenta que las testificales de cargo giraban en el mismo contexto; y, iv) Si bien se alega como lesionado el derecho a la propiedad; empero, no demostró tener titularidad de ningún bien conforme lo manda el art. 1538.II del CC, acusando a la oficina de DD.RR. de no haber registrado su derecho, además no acreditó en ninguna acción haber reclamado la omisión de DD.RR. u otra acción tendiente a demostrar su derecho, aspecto que debe ser tomado como falta de subsidiariedad, como tampoco demostró plena legitimación activa, porque los demandantes en el proceso civil son más de una persona; por lo que, debió actuar en litis consorcio; sin embargo, algunos hermanos desistieron y otros declararon ante Notaria de Fe Pública que la transferencia fue legal, concluyéndose que en su condición de demandantes no acreditaron con prueba idónea las causales de anulabilidad previstas en el art. 554.1) y 3) del citado Codigo e incumpliendo de esta forma la obligación que le impone los arts. 1283 del mismo Código y 375 de su procedimiento; por lo que, no se vulneró ningún derecho.